Por Iris Velázquez | Agencia Reforma | Cuatro Noticias

El asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del medio digital Pulso Informativo del Sureste, ha generado una ola de indignación internacional. Luego de permanecer casi un mes desaparecida, el hallazgo y la identificación de sus restos en Veracruz desató el reclamo enérgico de diversas organizaciones defensoras de la libertad de prensa, quienes exigen el esclarecimiento de un crimen que califican como un atentado directo contra el derecho a la información en México.

Guzmán Ramírez fue privada de su libertad el pasado 2 de junio, cuando un grupo de hombres armados y encapuchados irrumpió violentamente en su domicilio ubicado en el municipio de Nanchital. Tras semanas de incertidumbre sobre su paradero, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz confirmó este viernes que los restos humanos localizados en un rancho entre Moloacán e Ixhuatlán del Sureste corresponden a la comunicadora.

Los restos serán entregados a sus familiares el próximo lunes.

La directora del medio digital Pulso Informativo del Sureste fue hallada sin vida tras ser privada de su libertad por hombres armados el pasado 2 de junio en su vivienda en Nanchital. Imagen generada con IA.

El reclamo internacional y el colapso de las garantías

Ante la confirmación de su muerte, agrupaciones como Artículo 19 México y Centroamérica, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Observatorio sobre Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas hicieron públicos sus reclamos de justicia, exigiendo desmantelar la impunidad y esclarecer si el crimen estuvo motivado por la labor periodística de la víctima en el sur del estado.

RSF encendió las alarmas sobre la gravedad del contexto en la entidad, advirtiendo que este representa el tercer homicidio de un periodista en Veracruz en lo que va de 2026, sumándose a los crímenes de Carlos Leonardo Ramírez Castro y Luis Ángel López Valdez en Poza Rica.

Artur Romeu, director de RSF para América Latina, calificó los hechos como una señal del colapso de las garantías para ejercer el periodismo en la región:

“El asesinato de Roxana Guzmán, tras casi un mes de secuestro, constituye un crimen de extrema gravedad que exige respuestas inmediatas. Las autoridades deben rendir cuentas sobre las medidas que adoptaron durante la búsqueda, explicar por qué no lograron encontrarla con vida y determinar si este crimen está relacionado con su labor periodística.”

Por su parte, el Observatorio subrayó la obligación del Estado mexicano de garantizar que ninguna persona sea silenciada, solidarizándose con la familia y colegas de la víctima y asegurando que la violencia contra la prensa “no puede seguir siendo tolerada ni normalizada”.

La Fiscalía General de la República mantiene bajo custodia a ocho personas vinculadas al crimen, entre las que destacan cuatro agentes de la policía municipal de Ixhuatlán del Sureste.

Ocho detenidos bajo investigación: hay policías implicados

En medio de las exigencias civiles y políticas, como la del senador veracruzano Manuel Huerta  de Morena, quien demandó llegar hasta las últimas consecuencias, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la CIDH tomó nota de los avances en la investigación a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR).

Actualmente, las autoridades mantienen bajo custodia a ocho personas investigadas por su presunta participación en el asesinato. Entre los detenidos destacan:

• Cuatro agentes de la policía municipal de Ixhuatlán del Sureste.
• Dos sujetos identificados con los alias de “Delta 1” y “Delta 7“.

Para las organizaciones civiles, romper el ciclo de impunidad en casos como el de Roxana Guzmán resulta indispensable para frenar la escalada de violencia que amenaza a los comunicadores no solo en Veracruz, sino en todo México.

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