La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el congelamiento preventivo de cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de otros nueve funcionarios y exfuncionarios señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

La Secretaría de Hacienda informó en el comunicado 39, fechado el 18 de mayo de 2026, que las medidas derivan de “adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) con carácter estrictamente preventivo”, luego de reportes emitidos por instituciones financieras mexicanas.

“Con base en dichos reportes bancarios llamados LPB 24 Horas, la UIF llevó a cabo la inmovilización preventiva, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional”, indicó la dependencia federal.

Además de Rocha Moya, los otros nueve implicados identificados por autoridades estadounidenses son: Enrique Inzunza Cázarez, senador de Morena y exsecretario general de Gobierno de Sinaloa; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas estatal; Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal o fiscal adjunto de Sinaloa.

Además de Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación; Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “El Cholo”, exmando de la Policía de Investigación; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa; José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, exsubdirector de la Policía Municipal de Culiacán; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán.

De acuerdo con la acusación presentada por fiscales federales en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, los señalados habrían colaborado con la facción de “Los Chapitos” facilitando operaciones de narcotráfico, protección institucional y acceso a estructuras de seguridad pública.

La imputación incluye delitos como conspiración para importar narcóticos a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, además de protección a integrantes del Cártel de Sinaloa. En el caso de Juan Valenzuela Millán, también se le atribuyen cargos de secuestro con resultado de muerte.

La UIF aclaró en su comunicado que las medidas financieras “no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna”, sino acciones preventivas de carácter administrativo.

Asimismo, señaló que las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas tienen derecho a ejercer recursos legales y garantías de audiencia previstas en la legislación mexicana.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este lunes que el congelamiento de cuentas fue procesado por la banca mexicana tras los alertamientos emitidos desde Estados Unidos y reconoció que el sistema financiero actuó para evitar posibles sanciones internacionales.