Excolaboradores quedan bajo custodia

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública estatal y general retirado del Ejército, así como Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del gobierno sinaloense, se entregaron o fueron puestos bajo custodia en Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con narcotráfico, conspiración y colaboración con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

La entrega de ambos personajes ocurre justo cuando se cumplen tres semanas desde que Rocha Moya solicitó licencia al cargo de gobernador, en medio de la presión diplomática y judicial derivada de la acusación presentada en abril por fiscales del Distrito Sur de Nueva York. Desde entonces, el mandatario sinaloense prácticamente desapareció de la vida pública y no ha realizado apariciones oficiales.

Las acusaciones de Estados Unidos

La investigación estadounidense sostiene que Rocha Moya y una red de funcionarios de su administración habrían recibido apoyo político y financiero del Cártel de Sinaloa, particularmente de “Los Chapitos”, a cambio de protección institucional, filtración de información de inteligencia y facilidades para operar laboratorios y rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

En el caso de Gerardo Mérida, fiscales estadounidenses lo acusan de recibir sobornos mensuales superiores a 100 mil dólares para advertir sobre operativos policiales y garantizar protección a operadores del cártel. Según la acusación, el militar retirado habría utilizado su posición al frente de la seguridad estatal para facilitar el movimiento de cargamentos de fentanilo y cocaína.

Mérida, quien fue nombrado secretario de Seguridad por Rocha Moya en septiembre de 2023 y cesado en diciembre de 2024 tras el aumento de la violencia en Sinaloa, cruzó voluntariamente la frontera por Nogales, Arizona, donde fue detenido y posteriormente trasladado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York.

La figura del general retirado resulta particularmente sensible para el gobierno mexicano debido a su trayectoria en áreas de inteligencia militar y seguridad nacional. Analistas consultados por medios internacionales consideran inusual que un exmando castrense mexicano se entregue voluntariamente a la justicia estadounidense sin respaldo público del gobierno federal o del Ejército.

El operador financiero

El segundo golpe llegó con la entrega de Enrique Díaz Vega, identificado por autoridades estadounidenses como uno de los hombres más cercanos políticamente a Rocha Moya y presunto enlace entre el gobernador y “Los Chapitos”.

La acusación señala que Díaz Vega habría participado en la operación política y financiera de la campaña de Rocha Moya en 2021, además de facilitar información sobre adversarios políticos al grupo criminal para presuntas labores de intimidación.

Documentos judiciales citados por medios estadounidenses y españoles también apuntan a un crecimiento patrimonial acelerado del exfuncionario. Investigaciones periodísticas señalan que acumuló decenas de propiedades valuadas en más de 130 millones de pesos, muchas adquiridas en efectivo durante el periodo en que se consolidó como uno de los operadores más influyentes del gobierno sinaloense.

Díaz Vega aspiró incluso a una candidatura federal de Morena en 2024, aunque posteriormente dejó el gabinete estatal y regresó a sus actividades empresariales.

Un caso que se remonta al “Mayo” Zambada

Las investigaciones contra Rocha Moya tomaron fuerza tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024. Semanas después, el histórico líder del Cártel de Sinaloa difundió una carta en la que aseguró que el día de su detención acudiría a una reunión con Rocha Moya y con Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y exalcalde de Culiacán, quien fue asesinado ese mismo día.

Aunque Rocha negó esa versión y aseguró que se encontraba en Estados Unidos en esas fechas, las inconsistencias alrededor del homicidio de Cuén y de la captura del capo derivaron en investigaciones federales, críticas a la Fiscalía de Sinaloa y la renuncia de la entonces fiscal estatal Sara Bruna Quiñónez Estrada.

Desde entonces, el caso evolucionó hasta convertirse en una investigación binacional sobre presuntos vínculos entre funcionarios sinaloenses y el crimen organizado.

Presión política y tensión diplomática

La ofensiva judicial estadounidense abrió además un nuevo frente diplomático entre México y Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum ha exigido públicamente pruebas “contundentes” antes de proceder contra Rocha Moya y otros funcionarios acusados, al tiempo que ha denunciado posibles motivaciones políticas detrás del caso.

Sin embargo, mientras el gobierno mexicano insiste en que no existen elementos suficientes para una detención provisional o extradición, las autoridades estadounidenses avanzan en la captura de exfuncionarios y en investigaciones financieras paralelas.

De acuerdo con reportes recientes, la Unidad de Inteligencia Financiera y autoridades bancarias mexicanas ya revisan cuentas y movimientos financieros relacionados con Rocha Moya y su círculo cercano, aunque hasta ahora no se ha confirmado oficialmente el congelamiento de recursos.

En paralelo, la oposición encabezada por el PAN presentó solicitudes de juicio político y desaparición de poderes en Sinaloa, argumentando que las acusaciones estadounidenses revelan una presunta captura del aparato estatal por el crimen organizado.

Mientras tanto, el gobernador con licencia continúa fuera del escenario público y el caso amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos de presunta narcopolítica en la historia reciente de México.