El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no habrá carpetazo en el caso del desastre ecológico registrado en el Río Sonora, ocasionado por una minera de Grupo México y enfatizó que este será un expediente abierto, por lo que continuará el proceso de investigación.

En conferencia de prensa en el Palacio Nacional, López Obrador afirmó:

“Vamos a darle seguimiento, se está trabajando permanentemente, pero vamos a avanzar más en estos días que nos faltan y es muy importante que quede el expediente abierto”, comentó en el Palacio Nacional.

Comentó que existe una denuncia penal en proceso tanto en Sonora como en la Fiscalía General de la República (FGR).

“No hay carpetazo para darle continuidad y se llegue a la remediación y también a la reparación de los daños por esas denuncias que se han presentado”, agregó.

“Hay una denuncia penal, en proceso que se está tramitando tanto en Sonora en la Fiscalía General. Entonces vamos a estar pendientes”, insistió el Mandatario mexicano.

María Luisa Albores González, titular de la Semarnat, informó sobre el desastre ambiental del Río Sonora, ocurrido el 6 de agosto de 2014 y el cual es considerado como “el peor desastre ambiental de la minería metálica en México”.

Albores González acotó que a pesar de que el Grupo México se había comprometido a entregar 2 mil millones de pesos para un fideicomiso para atender el desastre ambiental del Río Sonora, sólo se reportó un ejercicio de 1 mil 232 millones de pesos.

Lo ocurrido en el Río Sonora es el mayor desastre ecológico que se han registrado en la historia de México por parte de una minera al verter 40 millones de litros de materiales tóxicos.

Esta semana se cumplieron 10 años de este incidente donde ahora hay nuevas denuncias sobre la minera sobre la explotación de mantos acuíferos.

El vertido ocurrió en la mina de Buenavista del Cobre en Cananea, afectó los ríos Sonora y Bacanuchi que atraviesan los municipios de Cananea, Ures, Huepac, Banámichi, Aconchi, San Felipe de Jesús, Baviacora y Arizpe

Cabe destacar que el Gobierno actual exigió en junio a la compañía un “nuevo programa de remediación” al considerar que no ha hecho los esfuerzos necesarios.