“Una persona que violenta políticamente a las mujeres no cumple con un modo honesto de vida y, por tanto, no se puede registrar a un cargo de elección popular y es obligación de las autoridades administrativas, que son las que en primera instancia resuelven sobre postulaciones de los partidos políticos, acatarlas”, sentenció la Consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey.

Durante su participación en la Sexta Sesión del Seminario Permanente “Democracia y elecciones en el mundo”, explicó que actualmente se cuenta con las garantías para que los partidos tampoco postulen a personas que tengan sentencias por violencia familiar, delitos sexuales o que sean deudoras alimentarias morosas.