Pagos digitales impulsan al comercio guanajuatense pero evidencian brecha tecnológica

Guanajuato se encuentra debajo de la media nacional en el uso de mecanismos de pago digitales.
Foto: Shutterstock

La transición hacia los pagos digitales podría abrir nuevas oportunidades comerciales para las empresas de Guanajuato, al facilitar las ventas por internet y redes sociales; sin embargo, la falta de conectividad, el desconocimiento de las herramientas financieras y los riesgos de ciberseguridad representan desafíos para su implementación.

Jorge Arturo Hernández, licenciado en Administración de Empresas y docente de la Universidad La Salle Bajío, explicó que uno de los objetivos de la nueva Ley de Economía Digital es reducir la brecha de inclusión financiera entre personas y empresas, además de facilitar las operaciones mediante herramientas electrónicas.

“Sí va a dar la posibilidad de que una empresa ya pueda estar disponible para que reciba pagos a través de ventas, digámosle, por internet, utilizando plataformas, utilizando redes sociales”, explicó.

Guanajuato enfrenta el reto de ampliar los pagos digitales

Guanajuato se encuentra por debajo de la media nacional en el uso de mecanismos de pago digital, de acuerdo con los datos de inclusión financiera del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que mencionó durante la entrevista.

Por ello, la nueva legislación podría representar una oportunidad para que los negocios locales amplíen sus formas de cobro y distribución, incluyendo sectores como el comercio, la industria manufacturera y las empresas vinculadas con las exportaciones.

No obstante, advirtió que la adaptación no será igual para todos. Mientras las empresas medianas y grandes podrían ajustar sus operaciones con mayor facilidad, las microempresas y los pequeños establecimientos tendrían más dificultades para incorporar estas herramientas.

“Las empresas, tal vez las medianas, las grandes, esas no tendrán problema de ajustar ciertos mecanismos. Las pequeñas, no tanto, pero las micro”.

A esto se suma la necesidad de contar con una conexión a internet estable, pues una interrupción durante una transferencia o un pago electrónico puede generar incertidumbre sobre el movimiento del dinero y complicar las operaciones cotidianas.

Ciberseguridad y comisiones, entre las principales preocupaciones

Otro de los retos será fortalecer la educación financiera y digital de la población, especialmente entre los adultos mayores y las personas que no están acostumbradas a utilizar aplicaciones bancarias, contraseñas y mecanismos de verificación.

Sobre los riesgos relacionados con el robo de identidad, la sustracción de información y los ataques informáticos, en un escenario donde las operaciones financieras y los trámites gubernamentales podrían avanzar hacia una mayor digitalización.

Además, las comisiones por los servicios financieros podrían representar un costo adicional para los usuarios y los negocios, por lo que consideró importante observar cómo se regularán estas operaciones.

En materia de informalidad, explicó que el uso de medios digitales permite generar registros de los movimientos económicos, lo que podría contribuir a que más negocios se incorporen a la formalidad fiscal. Sin embargo, aclaró que este proceso dependerá de la aplicación de las disposiciones y de los sectores que sean incorporados a los nuevos mecanismos.

¿Cuándo comenzaría a aplicarse la ley?

Al corte del 26 de octubre de 2026, Hernández indicó que, aunque la legislación había sido aprobada en el Senado el día 21 de ese mes, todavía no aparecía publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

De acuerdo con su explicación, una vez publicada, la Secretaría de Hacienda tendría 15 días hábiles para dar a conocer los sectores en los que comenzarían a implementarse las disposiciones relacionadas con los pagos digitales.

El maestro recomendó a las personas y empresas mantenerse atentas a la publicación oficial para conocer los alcances definitivos, los mecanismos de aplicación y las obligaciones correspondientes.

Finalmente, consideró que el avance de la inclusión financiera será uno de los principales indicadores para evaluar los resultados de la legislación. El objetivo, será que más personas y negocios se familiaricen con las herramientas digitales y puedan aprovecharlas para ampliar sus operaciones.

Jorge Arturo Hernández, licenciado en Administración de Empresas y docente de la Universidad La Salle Bajío

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