Diputados avalan Ley de Economía Digital; Hacienda podrá restringir efectivo
La Cámara de Diputados aprobó este martes, en lo general y con 330 votos a favor, la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum que busca reducir el uso del efectivo y que dará a la Secretaría de Hacienda facultades para determinar sectores y actividades donde los pagos digitales podrán convertirse en la única forma de cobro.
El nuevo ordenamiento pretende extender el uso de transferencias electrónicas, tarjetas bancarias, códigos QR, tecnologías NFC y otros mecanismos reconocidos por las autoridades financieras, al tiempo que obliga a dependencias de los tres órdenes de Gobierno a habilitar mecanismos electrónicos para el cobro de trámites y servicios.
La aprobación desató un choque entre Morena y sus aliados, que defendieron la medida como una herramienta de inclusión y formalización económica, y PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, que cuestionaron que se otorgue a Hacienda la posibilidad de decidir en qué actividades podrá restringirse el uso de billetes y monedas.
Hacienda decidirá dónde el pago digital será obligatorio
Uno de los puntos más controvertidos del proyecto establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá identificar sectores estratégicos y actividades relevantes en los cuales la aceptación de medios electrónicos y digitales sea la única forma de pago.
Esto no significa que el efectivo desaparezca de manera general en México.
La ley crea, sin embargo, la base jurídica para que determinadas operaciones sean exclusivamente digitales cuando así lo establezca Hacienda.
El dictamen también contempla una válvula de excepción: cuando una falla tecnológica, falta de conectividad u otra contingencia imposibilite recibir pagos electrónicos, podrá aceptarse efectivo o cheque.
¿Qué cambia con la Ley de Economía Digital?
La nueva legislación establece, entre otros puntos:
Obligación de los tres órdenes de Gobierno de avanzar en la aceptación de pagos digitales para trámites y servicios.
Uso de transferencias, tarjetas, códigos QR, NFC y otros sistemas autorizados.
Reconocimiento de la CURP Digital como mecanismo de confianza para contratar servicios financieros, sin impedir que el usuario utilice otras identificaciones oficiales.
Creación y utilización del Expediente Digital Ciudadano para consultar documentos e información de los usuarios.
Obligación para proveedores y autoridades de instalar infraestructura que permita recibir pagos digitales.
Uso de efectivo o cheque cuando exista una contingencia que impida efectuar electrónicamente el pago.
Facultades al Banco de México y a otras autoridades financieras para desarrollar las reglas y mecanismos necesarios para ampliar estos sistemas.
Morena: digitalizar dará acceso a crédito y reducirá informalidad
Al fundamentar el dictamen ante el Pleno, el presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano, de Morena, sostuvo que la brecha financiera y tecnológica continúa limitando el desarrollo de familias, emprendedores y pequeñas empresas.
Argumentó que México ya dispone de infraestructura como SPEI, CoDi, DiMo, códigos QR y aplicaciones financieras, pero su utilización sigue siendo reducida frente al peso del efectivo.
De acuerdo con la iniciativa, la digitalización también permitiría a pequeños negocios construir historiales financieros que posteriormente faciliten su acceso al crédito.
El Gobierno federal sostiene además que disminuir las operaciones en efectivo permitirá aumentar la trazabilidad de los recursos, mejorar la seguridad y acelerar la formalización de la economía. La presidenta Sheinbaum ha defendido que los pagos electrónicos pueden reducir costos y facilitar operaciones desde teléfonos celulares.
El dato: efectivo domina las compras pequeñas
El problema que pretende atacar la iniciativa es amplio. Entre 2021 y 2024, el porcentaje de compras menores a 500 pesos pagadas en efectivo pasó apenas de 90.1 a 85.2 por ciento, mientras las transferencias electrónicas y aplicaciones móviles aumentaron su participación hasta alrededor de 4.4 por ciento.
Para el Ejecutivo, existe así una paradoja: México cuenta con sistemas electrónicos de pago desarrollados, pero buena parte de la población y los pequeños comercios continúa utilizando billetes y monedas.
Oposición acusa “cheque en blanco” a Hacienda
El punto que concentró las críticas fue el poder que tendrá Hacienda para establecer actividades donde sólo podrán aceptarse pagos digitales.
El diputado panista Homero Niño de Rivera cuestionó que esa determinación quede en manos de la dependencia federal y acusó que se le concede un margen discrecional demasiado amplio.
PAN, PRI y Movimiento Ciudadano argumentaron además que la digitalización no puede imponerse sin resolver primero la desigualdad en conectividad.
Durante el debate advirtieron que existen comunidades sin internet estable, hogares incluso sin suministro eléctrico y sectores de la población, entre ellos adultos mayores y personas sin cuentas bancarias, que podrían quedar en desventaja frente a un esquema de pagos obligatoriamente electrónicos.
Desde la discusión en la Comisión de Hacienda, la oposición había calificado el proyecto de apresurado e incompleto, al considerar que México todavía carece de infraestructura tecnológica, financiera y fiscal suficiente para aplicar una transición de ese tamaño.
Gobierno y comercios tendrán que invertir
La legislación dispone que proveedores de bienes y servicios y autoridades gubernamentales deberán habilitar infraestructura para recibir pagos electrónicos, informar cuáles mecanismos están disponibles y establecer procedimientos para atender fallas o contingencias.
Esto implica que comercios, instituciones públicas y prestadores de servicios tendrán que adaptarse gradualmente a un esquema en el que transferencias, QR, tarjetas y pagos mediante dispositivos móviles tendrán cada vez mayor peso.
En la discusión previa del dictamen, legisladores de Morena reconocieron que tanto el Gobierno como la iniciativa privada deberán acompañar el proceso con infraestructura, capacitación y servicios financieros para evitar que la digitalización profundice desigualdades.
Tras su aprobación en lo general, los diputados continuaron con la discusión de las reservas y modificaciones en lo particular.
