Como un golpe para el sector automotriz que pone en riesgo la industria y los empleos que genera, es como califican la Coparmex y la AMDA la ampliación hasta junio del 2023 del decreto del Gobierno Federal para la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera.

A partir de marzo del 2022 y hasta febrero de 2023, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se regularizaron en México un millón 319 mil 438 automóviles que ingresaron de manera ilegal al país o, con un costo por trámite para legalización de dos mil 500 pesos.

La Confederación Patronal de la República Mexicana, y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores informaron que los vehículos legitimados es superior por 186 mil 687 unidades, al millón 132 mil 751 vehículos nuevos vendidos en el mismo periodo de tiempo, lo que significa que carros en óptimas condiciones se dejaron de comercializar debido a la competencia
desleal que genera este mandato, mismo que no ha erradicado la exposición de las familias a
las mafias que comercializan los llamados “autos chocolate”.

A lo anterior, se suma una nueva preocupación, ya que con la ampliación de la vigencia del decreto, también se analiza incluir la regularización de miles de vehículos que no están contemplados en el acuerdo original por no haber sido manufacturados en la zona que comprende el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, TMEC.

Por lo anterior, la Coparmex y la AMDA piden al Gobierno Federal no privilegiar medidas que afectan el desarrollo económico y que están por encima del bienestar de las familias y de la generación de empleos que se dan gracias al alto potencial e importancia de la industria automotriz en la nación.