Que se redoblen esfuerzos al investigar las actividades criminales en el Rancho Izaguirre, se castigue a los responsables y se identifique a quienes fueron víctimas, pidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Las familias tienen el derecho de conocer la suerte o paradero de sus seres queridos, en tanto que la sociedad mexicana tiene el derecho de conocer la verdad sobre lo ocurrido en dicho lugar”, enfatizó la CIDH en un comunicado.

La Comisión reconoció los descubrimientos del Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco: los restos óseos calcinados, enseres domésticos y fosas clandestinas que sugieren que el centro era de reclutamiento, entrenamiento, asesinato y desaparición de personas.

Por lo que pidió un proceso confiable, basado en ciencia y evidencia para identificar los restos hallados.

“Del mismo modo, cualquier devolución de objetos encontrados cuya propiedad pueda ser atribuida y, llegado el momento, la restitución de restos humanos, se realicen con dignidad y respetando el dolor de las familias”, pidió.

Para la Comisión, el hallazgo expone la deficiente búsqueda llevada por el Estado, ya que el narcorrancho fue asegurado desde septiembre de 2024.

“Para la Comisión Interamericana es importante destacar que, si bien los colectivos de búsqueda ejercen su derecho a buscar a sus familiares, ello no exime al Estado de su deber de investigar y buscar de conformidad con obligaciones en derechos humanos”, enfatizó.

Por otro lado, reconoció la labor de búsqueda de los familiares de personas desaparecidas y pidió a las autoridades que garanticen su seguridad, reconozcan públicamente su trabajo, y se evite su revictimización.