En México, el término “Child Grooming”, definido por Save the Children como formas delictivas de acoso que implican a un adulto contactar a un niño, niña o adolescente con el fin de involucrarlo en una actividad sexual, no está incluido en los glosarios judiciales, ni cuenta con una ley que apoye a las fiscalías en la búsqueda de justicia para las víctimas.

Esta conclusión la aporta Dania Bejarano, psicóloga clínica y directora ejecutiva de Prevención Ciberviolencia, organización independiente cuyo objetivo es visibilizar, prevenir y enfrentar la violencia facilitada por el uso de las tecnologías. ¿Qué implica esto? Que México carece de datos claros sobre el número de personas afectadas, así como sobre los procesamientos judiciales de los agresores.

En entrevista con Grupo REFORMA, Bejarano mencionó que en 2023 lanzaron el primer monitoreo de ciberacoso sexual dirigido a niñas, niños y adolescentes en el País. Encontraron que, debido a la falta de una definición clara por parte de las autoridades, las entidades recurren a marcos legales desactualizados para abordar el fenómeno, apelando a delitos como abuso sexual, acoso sexual, trata de menores y al término victimizante de pornografía infantil.

Según los datos recopilados en la investigación, los estados con mayores índices de violencia contra la infancia en el ámbito digital durante el periodo de enero de 2021 a mayo de 2022 fueron, en orden descendente, Yucatán, Nuevo León, Ciudad de México, Campeche y Puebla. Sin embargo, estos indicadores solo reflejan denuncias; en cuanto a las carpetas judicializadas, es decir, los casos en los que existe una parte acusada, los datos son más escasos.

Ciudad de México, Campeche, Baja California y Zacatecas registraron el mayor número de investigaciones judicializadas, pero el dato más preocupante es que, durante el periodo analizado, solo se identificaron dos carpetas o casos con acción penal en un país que cuenta con aproximadamente 31.8 millones de personas menores de 18 años, según el censo de población y vivienda de 2020 del INEGI.

“Nos dimos cuenta de que es urgente abordar este tema, por eso desarrollamos la campaña ‘A salvo en las pantallas’, enfocándonos en todo lo que ocurre en las pantallas de una computadora, smartphone o tableta, y todo lo relacionado con dispositivos”, mencionó Bejarano.

Por su parte, Laura Herrera, gestora de cuentas estratégicas en la firma de ciberseguridad Check Point Software, explicó que las condiciones para que ocurran estos casos incluyen dejar a los menores sin supervisión en el uso de aparatos tecnológicos.

Agregó que el deseo de pertenecer a un grupo o comunidad en videojuegos, así como la admiración e inspiración de los influencers en redes sociales, propician escenarios ideales para los agresores.

Videouegos como Roblox, Grand Theft Auto V, Free Fire, PUBG, y plataformas como Instagram, TikTok, Facebook y Snapchat, son lugares donde los menores pueden ser contactados. Herrera identificó cuatro fases en las que operan los criminales.

En primer lugar, crean un vínculo de confianza con un perfil atractivo que coincide con los intereses de la víctima. Los atacantes investigan y establecen contacto, llenándolos de cumplidos para generar intimidad y reconocimiento.

En segundo lugar, aíslan a las víctimas de sus círculos de seguridad, por ejemplo, invitándolos a jugar partidas en línea en privado o buscando conexiones cuando el menor está sin supervisión.

En el tercer punto, una vez ganada la confianza, obtienen información útil para usarla en contra de la víctima, recopilando datos personales, familiares, dirección y teniendo interacciones que involucran contenido sexual.

En la última fase, comienza la extorsión u otros delitos que pueden llevar al abuso sexual o secuestro.

Herrera subraya que esta situación tan compleja a menudo hace que los menores no denuncien por miedo o por temor a una revictimización, debido a la falta de confianza en sus padres o tutores. En el peor de los casos, puede resultar en suicidios.

Herrera, también participante de la organización Latam Women in Cybersecurity (WOMCY), aporta su experiencia al proyecto de Dania Bejarano, ‘A salvo en las pantallas’, que aspira a convertirse en un monitor anual de incidentes, así como en un proveedor de información con talleres gratuitos en escuelas primarias dirigidos a menores de 7 y 8 años, por ejemplo.

La edición de este año llevará talleres más allá de la Ciudad de México, a lugares como Chetumal, Monterrey, Querétaro y Puebla, durante los meses de agosto a diciembre. Bejarano espera beneficiar a más de dos mil niñas y niños con estos recursos.

Finalmente, Herrera comentó que en esta transición política en México, la Secretaría de Educación Pública debería promover programas enfocados en ciberseguridad y protección de datos personales para menores, para que desde una edad temprana sean conscientes del uso de sus datos y los riesgos en Internet.

Si has sido víctima de grooming o quieres saber más sobre el tema, organizaciones como Prevención Ciberviolencia, Te Protejo México, Guardianes, Freedom Squad, Save the Children México o la Red por los Derechos de la Infancia en México pueden proporcionarte información al respecto.