Considera en ese sentido, que la pobreza en México va más allá de la falta de recursos económicos: “es también la negación del acceso a derechos sociales básicos”.

Señaló que, según el CONEVAL, más del 30% de la población enfrenta rezago educativo, limitaciones en servicios de salud y deficiencias en la calidad de la vivienda. Por esas razones, estimó que mejorar estos indicadores resulta crucial para reducir la desigualdad y fortalecer el tejido social.

Admite la ICC México, que ese número de pobres están en situación vulnerable en México y esto representa un enorme reto para combatir la pobreza y erradicarla.

Para lograrlo, propone el organismo empresarial acciones conjuntas integrales y sostenidas ante esta problemática social, porque de ese número el 34.1% de la población viven en situación de pobreza y 8.9 que equivalen al 7.0% están en pobreza extrema.

Cabe destacar que desde 1945, ICC México trabaja para representar y apoyar a las empresas establecidas en México en el ámbito nacional e internacional, para impulsar el crecimiento económico, la apertura comercial y atraer inversión a México.

De acuerdo a datos actualizados del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), y en el marco del Día Internacional de Erradicación de la Pobreza, los 43.5 millones de pobres.

Representan una leve disminución respecto a años anteriores, pero los desafíos estructurales persisten, especialmente en la recuperación tras la pandemia de COVID-19, cuando aumentó la pobreza en un 3% entre 2018 y 2020.

Destacó que esta crisis afectó de manera desproporcionada a: mujeres, comunidades indígenas y personas con empleo informal, evidenciándose así la necesidad de un enfoque integral que abarque políticas públicas inclusivas, prácticas empresariales responsables y un fortalecimiento de la sociedad civil.

En ese contexto, ICC México, hizo varios compromisos que permitan el combate y reducción de la pobreza en el país:

Promover la participación activa de diversos actores sociales.

Los Gobiernos: Deberán impulsar políticas públicas que promuevan un crecimiento económico inclusivo, el acceso a servicios esenciales como: el estado de derecho, y la aplicación justa e incluyente de los recursos, reconociendo el papel de los sectores empresariales y sociales en la materia.

Las Empresas: Adoptar modelos de negocio sostenibles y responsables que generen empleos formales, respeten derechos humanos y fomenten la creación de valor compartido para lograr el desarrollo económico y social de las comunidades donde operan.

La Sociedad Civil Organizada: Promoción de la participación ciudadana, fortalecimiento de la solidaridad social y el trabajo colaborativo con el sector privado y público, para que las voces de quienes viven en la pobreza sean escuchadas y consideradas en la toma de decisiones.