El Departamento de Estado de EEUU ha iniciado una revisión exhaustiva de los 53 consulados mexicanos que operan en su territorio. Según reportes del portal CBS News, el secretario de Estado, Marco Rubio, no descarta el cierre de varias de estas sedes diplomáticas.

Esta medida surge en un contexto de máxima fricción tras la muerte de dos agentes de la CIA en Chihuahua y las recientes acusaciones del Departamento de Justicia contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y otros funcionarios de Morena.

Bajo la lupa del “America First”

La investigación firmada por la periodista Olivia Gazis no es un hecho aislado. Dylan Johnson, subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales, confirmó que esta revisión busca “armonizar la política exterior” con la agenda América Primero del presidente Donald Trump.

Sin embargo, detrás de la auditoría técnica late una acusación política de mayor peso. El movimiento MAGA, respaldado por el analista Peter Schweizer, señala a la red consular mexicana de ser una herramienta de injerencia electoral. Según Schweizer, autor del libro El Golpe Invisible, el gobierno de Claudia Sheinbaum estaría utilizando estas oficinas para influir en las próximas elecciones intermedias de noviembre.

El secretario de Estado de EEUU Marco Rubio durante una rueda de prensa en la sala Brady de la Casa Blanca el 5 de mayo de 2026 en Washington, DC. Foto de Alex Wong/AFP.

México niega injerencia política

Ante estos señalamientos, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha sido tajante: la labor de sus 53 consulados que representan la red más amplia de México en el exterior es estrictamente de asistencia para los más de 38 millones de mexicanos que residen en EEUU.

“No hay nada político en el trabajo consular, solo el compromiso de asegurar que los derechos de las personas sean respetados”, afirmó la Cancillería el miércoles.

Una relación en desequilibrio

La tensión escaló drásticamente el pasado 19 de abril, tras un accidente en la sierra de Chihuahua que reveló la presencia de agentes de la CIA en operativos de campo, algo que la presidenta Sheinbaum prohibió explícitamente. A este incidente se suma la presión de la Casa Blanca por la extradición de funcionarios sinaloenses vinculados presuntamente al crimen organizado.

Ante los señalamientos del Departamento de Justicia en contra Rubén Rocha Moya, la Embajada de Estados Unidos en México declaró que la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada transnacional continùa siendo una prioridad común para ambos gobiernos. Aunque se abstuvo de comentar las acusaciones concretas, la embajada afirmó a través de un comunicado que la corrupción que facilita la delincuencia organizada “será investigada y perseguida siempre que sea de competencia de Estados Unidos“.

Con la amenaza de aranceles e intervenciones militares, la revisión de los consulados parece ser el siguiente movimiento político de Washington, poniendo a prueba la estrategia de “mano izquierda” que ha intentado mantener el Gobierno de México.

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