El Gobierno de México elevó el tono frente a Estados Unidos tras enviar una nota diplomática para exigir información y pruebas que respalden las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado por autoridades estadounidenses por presuntos nexos con el crimen organizado.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó formalmente al gobierno estadounidense detallar los elementos que sustentan la petición presentada por fiscales de ese país, quienes buscan una acción judicial contra el mandatario sinaloense.

“Debe haber pruebas, no puede haber únicamente dichos”, sostuvo la mandataria al defender que cualquier procedimiento internacional debe apegarse al marco legal y al tratado bilateral de extradición entre ambos países.

La polémica surgió luego de versiones difundidas en medios estadounidenses sobre una investigación del Departamento de Justicia relacionada con supuestos vínculos de Rocha Moya con integrantes del Cártel de Sinaloa.

No hay carpeta de investigación

Hasta ahora, la Fiscalía General de la República no ha confirmado la apertura de una carpeta de investigación en México.

Fuentes federales señalaron que la petición estadounidense carecería de elementos suficientes para justificar medidas cautelares inmediatas, mientras Morena manifestó respaldo político al gobernador sinaloense y acusó intentos de intervención política desde Washington.

Rocha Moya negó las acusaciones y afirmó que se trata de señalamientos sin fundamento.

“No tengo nada que ocultar”, declaró el mandatario estatal, quien aseguró que colaborará con cualquier requerimiento institucional.

Un gran jurado formuló la acusación

Un gran jurado federal del Distrito Sur de Nueva York formuló una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios estatales por presuntos vínculos directos con el Cártel de Sinaloa.

El pliego acusatorio, hecho público el pasado 29 de abril de 2026, detalla una red de corrupción en la que el mandatario estatal habría colaborado con la facción de los “Chapitos”, liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, para facilitar el tráfico masivo de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos.

Los pilares de la acusación

La investigación, liderada por el fiscal federal Jay Clayton y la DEA, sostiene que el Cártel de Sinaloa financió y aseguró la victoria electoral de Rocha Moya en 2021 mediante el secuestro e intimidación de rivales políticos.

A cambio, el gobernador habría entregado el control de las fuerzas de seguridad estatales y municipales a la organización criminal. Entre los otros nueve señalados figuran personajes de alto nivel, como Enrique Inzunza Cázares, Senador y exsecretario general de Gobierno, así como Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán; Gerardo Mérida, Secretario de Seguridad Pública estatal; Enrique Díaz Vega: Exsecretario de Administración y Finanzas.

Respuesta y crisis política

Ante la gravedad de los cargos, que incluyen conspiración para importar narcóticos y delitos relacionados con armas de fuego, Rocha Moya solicitó una licencia temporal a su cargo el pasado 2 de mayo para enfrentar las acusaciones.