Estados Unidos desmanteló una red dedicada al tráfico ilegal de armas de fuego y municiones hacia México y presentó cargos contra 21 personas vinculadas con el suministro de armamento para organizaciones criminales que operan al otro lado de la frontera, informó el Departamento de Justicia.

Como parte de la investigación, las autoridades de Estados Unidos informaron que seis personas, cuatro de ellas de nacionalidad mexicana, se declararon culpables por posesión ilegal de armas de fuego y municiones, lo que fortaleció el caso que ahora busca procesar a la estructura completa dedicada al trasiego de armamento.

Investigación apunta a red que abastecía de armas a organizaciones criminales

De acuerdo con la acusación presentada por fiscales federales, la organización utilizaba distintos mecanismos para adquirir armas de manera ilegal en Estados Unidos y posteriormente introducirlas de contrabando a territorio mexicano.

Las investigaciones, destaca el Departamento de Justicia, señalan que los implicados recurrieron a compradores intermediarios y otros esquemas para ocultar el destino final del armamento, una práctica recurrente en las redes de tráfico que abastecen a grupos del crimen organizado en México.

Un gran jurado formuló 158 cargos contra los detenidos, en su mayoría ciudadanos estadounidenses dedicados a la compra por testaferros, al tiempo de detallar que se decomisaron más de 100 armas de fuego, incluyendo pistolas Glock 19 y rifles tipo AK, así como 125 mil cartuchos.

Las autoridades estadounidenses precisaron que, entre marzo y junio, seis integrantes de la red aceptaron su responsabilidad penal, incluidos cuatro ciudadanos mexicanos, quienes se declararon culpables de posesión ilegal de armas de fuego y municiones, por lo que estas declaraciones representan un avance clave para la fiscalía federal, al reforzar las pruebas contra el resto de los acusados y facilitar el desarrollo del proceso judicial.

Tráfico de armas, uno de los principales retos bilaterales

El tráfico ilegal de armas continúa siendo uno de los principales temas de cooperación entre México y Estados Unidos. Diversos informes oficiales estiman que una parte importante del armamento asegurado por autoridades mexicanas tiene origen en territorio estadounidense, situación que ambos gobiernos buscan contener mediante operativos conjuntos e investigaciones contra las redes de abastecimiento.

Con la judicialización del caso contra 21 personas y las primeras declaraciones de culpabilidad, las autoridades estadounidenses buscan desarticular no sólo a quienes compraban y transportaban las armas, sino también la estructura logística que facilitaba el envío de armamento y municiones hacia organizaciones criminales establecidas en México.