ASF pone bajo la lupa 25 años de contratos del IFE, INE y OPLE por irregularidades
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió una revisión de 25 años de contrataciones públicas del Instituto Nacional Electoral (INE), su antecesor, el Instituto Federal Electoral (IFE), y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), tras identificar indicios de lo que calificó como “irregularidades históricas” en el ejercicio de recursos públicos.
La investigación, que comprende el periodo de 2000 a 2025, busca establecer si empresas proveedoras y servidores públicos participaron en esquemas de concentración de contratos, adjudicaciones irregulares o prácticas contrarias a la legislación en materia de adquisiciones.
En un comunicado difundido este miércoles, la ASF confirmó que mantiene en marcha tres líneas de fiscalización relacionadas con la contratación de bienes y servicios por parte de las autoridades electorales federales y estatales.
ASF investiga contrataciones del INE desde el año 2000
El organismo fiscalizador sostuvo que sus trabajos de inteligencia y el análisis de información solicitada a las entidades federativas permitieron advertir posibles anomalías acumuladas durante distintas administraciones electorales.
La revisión no se limitará a la gestión de una sola presidencia del INE, sino que abarcará las contrataciones realizadas durante los últimos años del IFE y las administraciones posteriores a la transformación del instituto en 2014.
El propósito es reconstruir el historial de adquisiciones, identificar a las empresas beneficiadas con contratos públicos y determinar si existieron mecanismos que favorecieron la concentración de recursos en determinados grupos empresariales.
La ASF aseguró que sus actuaciones se desarrollan dentro del marco de sus atribuciones legales, bajo criterios de independencia y rigor técnico.
Tres frentes de investigación por posibles irregularidades electorales
La primera línea consiste en investigaciones de oficio sobre presuntas irregularidades en las contrataciones públicas del INE, el extinto IFE y los organismos electorales de las entidades federativas.
El segundo frente contempla un estudio histórico de las compras gubernamentales para detectar patrones de contratación, concentración de proveedores y posibles prácticas ilegales en el manejo de recursos públicos.
La ASF buscará establecer si existieron relaciones comerciales recurrentes entre grupos empresariales y funcionarios que pudieran haber afectado la transparencia o legalidad de las adquisiciones.
La tercera vertiente será una auditoría integral al Instituto Nacional Electoral, junto con la fiscalización de la totalidad de los recursos federales ejercidos por los OPLE.
Esta revisión permitirá ampliar el análisis hacia los organismos electorales locales y examinar el destino de los fondos federales vinculados con sus operaciones.
Investigación alcanza a cinco administraciones electorales
La revisión histórica comprende los periodos encabezados por José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdés Zurita en el IFE, así como los de Lorenzo Córdova y Guadalupe Taddei en el INE.
El alcance temporal permitirá examinar contrataciones de diferentes administraciones, independientemente de los cambios políticos y de la transformación institucional del árbitro electoral.
Las indagatorias ocurren en medio de señalamientos sobre posibles conflictos de interés, sobreprecios y vínculos entre proveedores y funcionarios electorales.
De acuerdo con información presentada previamente por el auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel, dos grupos empresariales concentraron operaciones por 8 mil 870.3 millones de pesos con entidades públicas, de los cuales 3 mil 790.3 millones corresponden a organismos electorales locales.
Estas cifras forman parte de los antecedentes de la investigación y no constituyen, por sí mismas, montos comprobados de daño patrimonial.
