Ante la crisis que vive el Ayuntamiento de León, la gobernadora del estado, Libia Dennise Muñoz Ledo, respaldó la fiscalización del municipio, asegurando que se trata de un ejercicio de transparencia y escrutinio público, descartando cualquier persecución política.

“Yo creo que todas las autoridades estamos o debemos estar siempre abiertas a auditorías. El Estado lo han auditado muchas veces y nunca hemos señalado que hay una persecución política”, compartió.

El trasfondo: la presunta red de “empresas fantasma”

El trasfondo de esta auditoría tomó fuerza el pasado 15 de junio, cuando el síndico panista, Román Cifuentes, interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción. Señala a Allan León Aguirre, exsecretario de Vinculación y Atención a los Leoneses, por presuntas contrataciones irregulares.

De acuerdo con investigaciones periodísticas reveladas desde abril de 2026, dos proveedores acapararon adjudicaciones millonarias:

• Office and Publicity, con más de 7 millones de pesos
• TLGR SAPI, con más de 11.9 millones de pesos

El nexo operativo 

El presunto tráfico de influencias apunta a Guillermo “N”, quien firmaba como representante de ambas empresas. Además, en 2018, fungió como “ejecutivo de cuenta” para Alfacolor, empresa de la familia de la esposa de Allan León y actual consejera del DIF León. Ante esto, se cuestiona a la alcaldesa por permitir que este exfuncionario operara en una oficina anexa a su despacho.

Alejandra Gutiérrez, alcaldesa de León en entrevista. Foto: TV CUATRO NOTICIAS.

Postura del gobierno municipal 

Por su parte, la presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez Campos, aseguró que su administración está dispuesta a colaborar con las autoridades. Aclaró que ella misma solicitó la intervención de Hacienda y el Colegio de Notarios para transparentar los contratos ligados a Alfa Color, y señaló que la lista incluye empresas que no son proveedoras del municipio.

“No tengo cola que me pisen, que revisen todo lo que quieran.”

A pesar de dar la bienvenida a la auditoría, la edil concluyó afirmando que esta revisión obedece a un entorno de presión política y “violencia institucional” tras su reciente renuncia partidista y las fricciones internas en el Ayuntamiento.

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