El Fondo de Pensiones para el Bienestar, que operará con las transferencias de dinero de todas las cuentas inactivas de las Afores, sí implica una expropiación de recursos a los trabajadores, insistieron expertas.

“El hecho de transferir el recurso se interpreta como una expropiación, en el sentido de que no hay consentimiento ni instrucción del titular de la cuenta o beneficiarios para realizar la transferencia”.

“En estricto sentido, utilizar los recursos de las cuentas individuales para formar un fondo público se califica como una expropiación”, señaló Verónica González, consultora experta en pensiones.

Entre los más recientes cambios a la iniciativa se estableció que si la persona dueña de la cuenta individual se encuentra en una relación laboral, los recursos no se podrán transferir al Fondo.

La especialista indicó que aún es ambiguo el proceso de inversión y el régimen que asegurará que al menos se tengan los mismos rendimientos que en las Siefores.

“El reclamo de los recursos al Fondo de Pensiones para el Bienestar incluye el pago de intereses, siendo que los rendimientos individualizados los determina el IMSS, ISSSTE e Infonavit; es decir, no es resultado de la inversión del Fondo. ¿Los rendimientos serán superiores a los conseguidos en las Afores y PensionISSSTE?”.

“Aprovecharon para cambiar el esquema de rendimientos del Infonavit para toda la base de datos, incluso estableciendo que debe pagar mayor rendimiento a las cuentas individuales cuyos titulares tengan 55 o más años, lo que rompe con el principio de no discriminación del SAR”, abundó.

Tras realizar un análisis a la iniciativa para crear el Fondo, González expuso que en la iniciativa no se determina cómo se conformará el comité técnico para evitar conflictos de interés.

Otro aspecto es que las Afores no son responsables de emitir estados de cuenta de cuentas individuales que no administran, indicó.

La iniciativa establece como fiduciario al Banco de México (Banxico), dado que es la entidad que autoriza la operación fiduciaria, pero no es su función ser fiduciario.

“El fideicomitente es la SHCP que constituye el fondo, sin embargo no es dueño del recurso con el que se constituye sino el recolector de éste”, comentó.

Gabriela Siller, Directora de análisis económico y financiero de Banco BASE, advirtió que la iniciativa no detalla en dónde se invertirán los recursos, lo cual constituye un riesgo para el dinero de los trabajadores, además de que la operación podría caer en un esquema tipo “Ponzi”.

“El fondo sería común y no cuentas individuales, como se tiene en las Afores. Con esto no se podrá conocer el detalle de intereses ganados o minusvalías por trabajador.

“Al ser un fondo común que no tiene reglas establecidas de inversión, se corre el riesgo de terminar siendo un esquema tipo Ponzi, en el que eventualmente el Gobierno tendría que transferir recursos al Fondo para hacer frente al pago de pensiones”, indicó.

Lo anterior es debido a que implicaría pagar pensiones con los recursos recién llegados, en lugar de pagar con lo ahorrado por cada trabajador, explicó.

“Este esquema no es sostenible bajo ningún supuesto, más aún con una población que va envejeciendo”, sostuvo.

Siller destacó que en la iniciativa tampoco se mencionan los mecanismos para reclamar los recursos, por lo que puede terminar siendo difícil retirarlos y algunos trabajadores podrían optar por dar por perdido su ahorro.

“Aunque los recursos no podrán utilizarse para contribuir al equilibrio presupuestario, se tiene el riesgo que sean invertidos en proyectos del Gobierno, los cuales no necesariamente tendrían un rendimiento financiero positivo. Esto pone en riesgo los recursos de los trabajadores”, destacó.