Desde 2012, el Comité de Prevención de Accidentes por el uso de Gas LP sesiona el tercer jueves de cada mes, integrando a las siete empresas gaseras con planta en la ciudad, junto con Protección Civil, Bomberos, Policía Municipal, Policía Vial y Profeco.

“El objetivo es analizar fugas y accidentes, y garantizar que vehículos repartidores e instalaciones cumplan estrictamente con medidas de seguridad. Aquí no se permite que trabajen sin equipo ni revisiones”, aseguró Crescencio Sánchez, director de Protección Civil.

En lo que va de 2025, la dependencia ha inspeccionado 7,059 establecimientos semifijos, en su mayoría puestos de comida, para verificar que el tanque portátil no supere los 20 kilogramos, cuente con regulador, manguera de alta presión o recubrimiento metálico, y llaves herméticas libres de grasa. El resultado es de 583 fugas detectadas y la intervención de unidades supresoras para retirar los cilindros; en 44 casos se decomisó el tanque por exceder la capacidad permitida.

En viviendas verticales, a solicitud de administradores, se revisaron 52 tanques estacionarios: 35 estaban caducados, 9 vigentes, 5 requerían mantenimiento, 1 estaba desconectado y 2 fueron retirados por tener capacidad de 30 kilogramos, lo cual está prohibido dentro de departamentos.

La vigilancia también abarca el gas natural. Este año se han atendido 29 incidentes de este tipo, corregidos en el momento. En total, 39 personas han resultado lesionadas por emergencias relacionadas con gas, pero no se han registrado muertes en lo que va del año.

Sánchez alertó que en dos de los tres accidentes recientes, la causa fue la caída del tanque, provocada por golpes, balonazos o mascotas. “Además de las medidas generales, hay que fijar bien el tanque para que no se caiga”, subrayó.

La vida útil promedio de un tanque es de 10 años y la de uno portátil de 5 a 6 años, dependiendo de su exposición a elementos corrosivos. Cada mes se destruyen 250 tanques que ya no cumplen con condiciones de seguridad.

Además, Crescencio Sánchez advirtió sobre los riesgos de transportar o recargar cilindros de forma insegura en carretillas, bicicletas, motocicletas o en la cajuela, así como rellenar tanques que no han regresado a planta en más de seis meses. “No es solo un tema de seguridad, también es social: hay familias que no pueden pagar un tanque lleno de $700 pesos y recargan solo con $30 o $50, y eso aumenta el riesgo de una fuga”, concluyó.