El reparto de utilidades es un tema que año con año genera dudas entre los trabajadores, especialmente sobre quiénes sí tienen derecho a recibir este pago y quiénes quedan excluidos de la prestación.

¿Qué es el reparto de utilidades?

La Participación de los Trabajadores en las Utilidades es un derecho constituciona regulado por la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Consiste en que los trabajadores reciben a más tardar a mitad del año una parte de las ganancias obtenidas por la empresa durante el año anterior.

La fecha límite para recibir este pago este año es el próximo 30 de mayo para quienes trabajan en empresas o personas morales; mientras que quienes laboran para una persona física pueden recibirlo hasta el 29 de junio.

¿Quienes pueden hacerlo?

Tienen derecho a utilidades las personas trabajadoras activas, ex trabajadoras que hayan laborado al menos 60 días durante el año anterior, empleados eventuales, personas con incapacidad temporal y madres trabajadoras con licencia de maternidad.

Importante: el derecho no desaparece aunque ya no se labore en la empresa.

¿Quiénes NO lo reciben?

Quedan excluidos los trabajadores del hogar, directores, administradores y gerentes generales, así como personas que prestan servicios por honorarios sin una relación laboral subordinada.

También existen empresas que están excluídas de repartir utilidades, como aquellas nuevas durante su primer año de funcionamiento, empresas que elaboran productos nuevos en sus primeros dos años y algunas instituciones de asistencia privada sin fines de lucro.

¿Qué hacer si no llega el pago?

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) señaló que los trabajadores cuentan con hasta un año para reclamar el pago de utilidades en caso de incumplimiento.

Además, pueden recibir asesoría gratuita para iniciar una queja formal.

¿Como presento un reclamo?

Se debe llevar una identificación oficial, recibos de nómina, nombre y domicilio del centro de trabajo.

Las denuncias pueden hacerse ante la PROFEDET de manera presencial en sus oficinas, líneas telefónicas y correos electrónicos oficiales.

De acuerdo con La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, las empresas que incumplan con esta obligación pueden recibir multas que van desde los 29 mil hasta más de 586 mil pesos.