Prisión a quienes operen tragamonedas o renten locales en Guanajuato
En Guanajuato, la operación de maquinitas tragamonedas y minicasinos sigue siendo una actividad ilegal que puede derivar en sanciones severas, no solo para quienes administran o instalan este tipo de juegos, sino también para los propietarios de locales que los renten para tales fines.
De acuerdo con la Ley Federal de Juegos y Sorteos, la instalación y operación de máquinas tragamonedas está prohibida en todo el país, salvo en establecimientos expresamente autorizados por la Secretaría de Gobernación (Segob), como casinos con permiso federal.
Guanajuato, sin embargo, ha ido más allá, prohibiendo de forma total este tipo de establecimientos en su legislación estatal.
Habría sanciones para operadores y propietarios de locales
Según lo establecido en la ley federal y reforzado por las normativas locales, quienes participen en la operación de juegos de azar ilegales, incluyendo las tragamonedas, pueden enfrentar:
| PUEDEN ENFRENTAR |
|---|
| Prisión de 1 mes a 2 años |
| Multas de hasta 5,000 pesos |
| Clausura del establecimiento |
| Aseguramiento del equipo y decomiso de ganancias |
Además, la ley contempla sanciones para quienes renten o cedan locales donde se instalen estas máquinas, ya que se considera que colaboran activamente con una actividad ilícita.
No solo es responsable quien pone las máquinas, sino también quien permite o facilita su funcionamiento, incluso a través de arrendamientos, señalaron fuentes consultadas del área jurídica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Desde 2017, el Congreso del Estado estableció en la Ley Orgánica Municipal la prohibición total de casinos, centros de apuestas y casas de juego, impidiendo incluso que los municipios otorguen permisos de uso de suelo o licencias de funcionamiento para estos giros.
En marzo de 2025, un operativo conjunto entre autoridades estatales y federales derivó en el aseguramiento de 52 máquinas tragamonedas en distintos comercios de León, principalmente en tiendas de abarrotes.
Además de las consecuencias penales, quienes participan en estas actividades pueden enfrentar clausura definitiva de sus negocios, pérdida de licencias comerciales y confiscación de bienes involucrados en la operación ilegal.
Foto: Tv4
