Una de cada cuatro detenciones son ilegales en el país: México Evalúa
La debilidad de Defensorías Públicas y las Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas deja a las personas víctimas y procesadas sin protección de sus derechos.

A cinco años de la entrada en vigor a nivel nacional de las reformas al sistema de justicia penal (SJP) en México, el éxito de su operación pasa necesariamente por reducir la asimetría que existe en la igualdad de las partes que conforman un proceso penal: víctimas y procesadas.

En su octava edición de la evaluación del sistema de justicia penal, Hallazgos, México Evalúa sostiene que las Defensorías Públicas y las Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas (CEAV) no cuentan con condiciones para hacer contrapeso a las fiscalías.

Ambas instancias reciben pocos recursos y carecen de apoyo para desarrollar su propia investigación ni para contar con análisis periciales propios.

Una Defensoría Pública recibe en promedio ocho centavos por cada peso que recibe la fiscalía, mientras que una CEAV recibe 32 centavos por cada peso que recibe la Defensoría. La asimetría y desigualdad entre instituciones es clara.

Por otro lado, la octava edición de Hallazgos también revela que el incremento de la prisión preventiva oficiosa (+21%) y de los procedimientos abreviados (+16%) vulneran el derecho a la verdad y a la reparación del daño para las víctimas.

En la práctica, ningún delito se esclarece realmente: sólo se repara el daño al 0.30% de las víctimas de un delito y una de cada cuatro detenciones son calificadas como ilegales en el país.

“La desigualdad procesal permite la fabricación de culpables y niega la verdad para las víctimas. La Fiscalía no debe tener la última palabra en el sistema penal. Para México Evalúa es importante mostrar las áreas de oportunidad y apuntalarlas para mejorar la calidad de justicia”, subrayó Edna Jaime, directora general de México Evalúa. 

Asimismo, el 94.8% de los casos denunciados quedan impunes. Este resultado es propio de un sistema que no cuenta con herramientas de priorización y ni capacidades suficientes: a nivel nacional, existen 11 fiscales, 9 peritos y 14 policías ministeriales por cada 100 mil habitantes, en promedio.

Por otra parte, aunque la impunidad en el país se mantiene en niveles altos, hay señales de avance: los resultados del Índice de Impunidad revelan que Zacatecas redujo la impunidad en 15.1%, Coahuila 6.6%; y Sinaloa 6%. Entretanto, en Baja California aumentó 19.6%, en Guanajuato 11.2% y en Baja California Sur 8.6%.

Como cada edición, Hallazgos presenta su Ranking Nacional de Avance en la Consolidación del Sistema de Justicia Penal, herramienta que mide el progreso de cada entidad en la construcción de condiciones que garanticen su operación.

Querétaro, debido a la consolidación de su modelo Cosmos, nuevamente se posiciona como un referente de construcción de factores que facilitan la operación del sistema, aunque se destaca el importante avance logrado por los estados de Nuevo León y Coahuila, en buena medida por los importantes esfuerzos de coordinación interinstitucional, de planeación y de construcción de medios informáticos que facilitan el flujo de la información. En el otro extremo del ranking, las evaluaciones más bajas fueron para Veracruz, Guerrero y Campeche.

Este año, Hallazgos integra la base para una evaluación con enfoque de género a la operación y resultados del sistema penal. Los datos nos revelan que los derechos de las mujeres son menos respetados en las agencias del Ministerio Público. Al rendir una declaración, las mujeres son presionadas para dar otra versión de los hechos en mayor medida que los hombres en esa misma situación. Asimismo, a las mujeres se les dan a leer sus derechos en menor proporción que a los hombres. Por otro lado, una de cada dos mujeres se encuentra privada de la libertad esperando una sentencia, y reciben penas mayores por los mismos delitos, en comparación con las de los hombres.

“Es muy importante discutir con profundidad problemas de desigualdad de género en el acceso a la justicia, la aplicación de la ley, los abusos que sufren las mujeres al interior de los centros penitenciarios y las medidas para la restitución de sus derechos. Con la incorporación de estos datos queremos visibilizar estas temáticas de forma transversal para entender los diferentes retos que hay en un SJP diseñado a partir de estereotipos, roles y prejuicios sociales”, dijo Christel Rosales, investigadora senior del programa de Justicia en México Evalúa. 

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