Debido a que en la década de los setenta los gravámenes a las herencias suponían el 1 % de la recaudación total de los países miembros, y actualmente, 50 años después, es del 0.53 %, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), propuso incrementar esta fiscalidad.

El organismo aglutina actualmente a 37 países miembros que abarcan todo el mundo, y reúne a naciones miembros y socios que colaboran a escala local, nacional y regional en cuestiones fundamentales de ámbito global.
La OCDE, cuyos socios clave representan el 80% del comercio y de las inversiones mundiales, justifica su propuesta de grabar las herencias al afirmar que la crisis generada por la pandemia de COVID -19 motivó que los países incrementaran el gasto público.

Otra de las razones que argumenta el organismo para el incremento e implementación de los impuestos sobre las sucesiones, es que se debe dar con sustento en la equidad, la eficiencia y la administración.
La OCDE advierte que es necesario tener en cuenta el contexto de cada país para seleccionar los instrumentos fiscales que mejor se adapten a sus circunstancias. Entre los factores que deberían tomarse en cuenta están el nivel de desigualdad y la capacidad de cada administración tributaria.

Afirma que, paralelamente, la concentración de la riqueza se ha disparado: el 10% de los más ricos poseen el 52% de la riqueza y el 1% con más recursos concentra el 18%. En Estados Unidos, el país más desigual de la organización, el 10% concentra el 80% y el 1% el 42%.

Entre los “nudos” que existen actualmente para darle luz verde a la propuesta de la OCDE, organismo que preside el mexicano José Ángel Gurría, destaca que de 24 de los 36 países miembros cuentan con este impuesto, pero México no.
Recientemente el Presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestó en contra de la propuesta debido a que en su campaña prometió no crear nuevos impuestos.