El estado continúa posicionándose como uno de los referentes nacionales en transición energética.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE), el estado ha registrado un crecimiento acumulado del 85% en su capacidad de generación distribuida desde 2022, manteniéndose como la cuarta entidad del país con mayor desarrollo en este esquema.

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En 2025, Guanajuato sumó 8.57 megawatts adicionales, lo que representa un incremento del 3% respecto al año anterior. Más del 99% provino de sistemas solares fotovoltaicos, confirmando la tendencia dominante hacia energías limpias y accesibles.

Bajo el liderazgo de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, el Gobierno de la Gente impulsa una estrategia energética centrada en la sostenibilidad, la asequibilidad y la justicia energética, con la que el estado fortalece su autonomía y competitividad.

La secretaria de Economía, Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, destacó que la generación distribuida se ha convertido en un motor para que familias, negocios y unidades económicas reduzcan sus costos operativos, aumenten su resiliencia y participen activamente en la construcción de un sistema energético más equitativo.

Con 298.63 MW de capacidad instalada, Guanajuato avanza hacia una matriz más diversa y limpia, reduciendo su huella de carbono y garantizando que los beneficios de la energía solar lleguen a más sectores de la población.

La generación distribuida, modelo basado en producir energía cerca del punto donde se consume, ha demostrado ser clave para la seguridad energética del estado: reduce pérdidas en transmisión, disminuye la presión sobre la infraestructura de la CFE y evita riesgos de interrupciones por sobrecargas.

Su expansión ha sido impulsada por el crecimiento de instalaciones fotovoltaicas en empresas, instituciones y viviendas, aprovechando las condiciones climáticas favorables de la región y la alta radiación solar que caracteriza a Guanajuato.

Este esquema no solo reduce la dependencia de fuentes tradicionales, sino que fomenta un modelo que integra sostenibilidad ambiental, estabilidad económica y acceso asequible a la energía, pilares fundamentales para consolidar una verdadera justicia energética.