Hace dos semanas, representantes de organizaciones civiles como URBE participaron en una mesa de trabajo junto con la Secretaría de Obra Pública estatal y la Subsecretaría de Conectividad y Movilidad, en la que se discutieron las estrategias para implementar las reformas.

Uno de los principales retos será armonizar los reglamentos municipales con la nueva ley estatal, para lo cual se plantea trabajar en coordinación con los gobiernos locales.

Entre los instrumentos planteados destacan la creación de un fondo específico para fomentar la movilidad segura, así como un sistema estatal de información coordinado con los municipios.

Además del observatorio, se creará un Consejo Estatal de Seguridad Vial y Movilidad, el cual estará presidido por la Subsecretaría de Conectividad y Movilidad, en cumplimiento con lo establecido en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial a nivel federal.