El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió no prohibir la transmisión de las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sí fijó criterios para las concesionarias de radio y televisión y funcionarios públicos, con el objetivo de limitar los mensajes que se transmitan y con ello evitar la difusión de propaganda gubernamental y de contenido electoral.

En sesión virtual, el máximo órgano de justicia electoral del país resolvió diversos recursos de impugnación presentados por la transmisión de las conferencias de prensa encabezadas por López Obrador en las entidades con actual proceso electoral, que derivó en sanciones para concesionarias de radio y televisión.

Por lo anterior, la Sala Superior eximió de responsabilidad a las concesionarias de radio y televisión que transmitieron las conferencias presidenciales en estados con procesos electorales en curso.

En este proyecto, realizado por el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera y que fue aprobado por unanimidad, enfatizó que las conferencias mañaneras se deben regir bajo los criterios establecidos en la ley para las concesionarias y los servidores públicos.

Puntualizaron que en caso de que funcionarios públicos de cualquier orden o nivel infrinjan la legislación en cuanto a la neutralidad e imparcialidad, entonces el TEPJF revisará su actuación, caso por caso, pero “no implica la cancelación de las conferencias de prensa convocadas por la Presidencia de la República, porque la ciudadanía tiene derecho a recibir información”.

El magistrado presidente José Luis Vargas indicó que esto es particularmente importante en esta época de pandemia, pero reiteró que los funcionarios que difundan esta información deben ser cuidadosos para apegarse a la legislación.

Entre los criterios fijados por el TEPJF se derivan que se prohíbe la difusión de promocionales o materiales en los que un funcionario destaque su persona, su imagen, su voz o sus acciones, salvo los informes de labores previstos en la ley; y las concesionarias están obligadas a no transmitir propaganda gubernamental, como serían logros de gobierno y los temas coyunturales de ejercicio gubernamental.