Desde que inició el proceso electoral 2021, el Conapred, en coordinación con esta Subsecretaría, ha seguido de cerca los contenidos de los mensajes de las campañas políticas con el fin de detectar y en su caso emplear los mecanismos institucionales que disponen, para prevenir, señalar o iniciar quejas de oficio ante posibles actos de discriminación.

A raíz de ello, se han encontrado diversos spots como el del Partido Encuentro Solidario o el anuncio de una aspirante a diputada local por el Partido Acción Nacional en Jalisco, que claramente van en contra de la dignidad de las personas, favorecen estereotipos discriminatorios por orientación sexual, identidad y expresión de género, y características sexuales diversas, que estigmatizan y criminalizan a las mujeres que deciden interrumpir legalmente un embarazo, y hacen uso de imágenes de niñas y niños con fines electorales.

Dichas expresiones van en contra del derecho de las mujeres a decidir sobre su vida sexual y reproductiva, derecho reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y es un acto de discriminación en relación con el ejercicio de diversos derechos, como a la salud.

También estigmatizan y reproducen estereotipos sobre las parejas homoparentales y lesboparentales, pretenden negar el reconocimiento al matrimonio igualitario, el derecho de niñas y niños a tener una familia sin importar la orientación sexual, que también han sido reconocidos por la SCJN.

 Las personas de la diversidad sexual pueden formar una familia, a través de la institución del matrimonio porque los derechos en la pareja no son exclusivos de las personas heterosexuales. El matrimonio igualitario permite combatir la discriminación y la exclusión al reconocer que ante la ley todos somos iguales.

Se insta que tanto los partidos políticos, la autoridad electoral, los tres niveles de gobierno, tienen la responsabilidad de vigilar y garantizar elecciones con una perspectiva de igualdad y de no discriminación, derechos consagrados en el artículo primero de la Constitución; obligación que constituye la puesta en marcha de acciones firmes en contra de la limitación o negación de derechos político-electorales de las poblaciones en situación de vulnerabilidad.