Critican militarización de la Guardia Nacional
Sostiene Causa en Común que la Guardia Nacional viola la ley.

Contrario a lo manifestado por el presidente y su equipo durante años, en junio del 2019 inició operaciones la Guardia Nacional, no como cuerpo civil, sino como corporación militarizada. A dos años del inicio de sus operaciones, la Guardia Nacional es una simple extensión de las Fuerzas Armadas.

El gobierno federal promueve un marco de actuación militar deliberadamente ambiguo, discrecional y sin controles. Por una parte, se construye una corporación militar y no civil, y, por otra parte, se desnaturaliza la institución castrense otorgándole una responsabilidad policial.

No sólo se le otorgaron a las Fuerzas Armadas responsabilidades de seguridad pública a nivel constitucional, sino que absorben las 46 funciones que se establecieron para la Guardia Nacional.

Ahora, el presidente de la República anuncia la intención de que la “nueva” corporación se integre formalmente a las Fuerzas Armadas, lo que consumaría el engaño político de ofrecer una corporación civil, y el fraude a la Constitución.

Por lo pronto, la Guardia Nacional viola la Ley, no sólo por su carácter militar, sino por incumplir disposiciones esenciales para cualquier corporación de seguridad civil, como son las relativas al control de confianza. De acuerdo con información pública, la Guardia Nacional es el cuerpo de seguridad pública con un mayor incumplimiento en este rubro, con menos de un diez por ciento de su personal operativo con el certificado correspondiente. Además, es notoria la desinformación y opacidad con la que se conduce, pues fuentes oficiales han brindado información contraria e incompleta respecto a sus procesos de creación, integración, operación y despliegue.

Es preciso recordar que la decisión para crear la Guardia Nacional partió de una estigmatización injusta y sin sustento de los cuerpos policiales, incluida la Policía Federal, a cuyos elementos se acusó de ineptos y corruptos.

Esta estigmatización se ha traducido en un abandono institucional y en gravísimos recortes presupuestales destinados a las policías locales. Se las condena a subsistir en condiciones cada vez más precarias, cuando el país enfrenta los peores momentos de inseguridad en su historia moderna. Las insuficiencias de nuestras policías se explican, no por su incapacidad ni por una corrupción supuestamente intrínseca, sino por la indolencia de los actores políticos que las han condenado al abandono.

Valoramos la labor de las Fuerzas Armadas, sus sacrificios y su labor por México. Ellas también son víctimas de una vocación militarista, contraria a la construcción de una vía civil en materia de seguridad pública. Independientemente del uniforme que utilicen, no podrán resolver la crisis de inseguridad que padecemos. No es su vocación ni están ahí sus fortalezas, pero imposible es la tarea cuando lo que prevalece es un discurso condescendiente hacia el crimen organizado.

Seguiremos insistiendo en que el país no requiere despliegues militares, sino policías con atribuciones y capacidades de investigación, de vinculación ciudadana y apoyados en una auténtica política de prevención.

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