Consulta es “un engaño y un tiradero de 500 mdp”: Ricardo Anaya
En un vídeo, el abanderado presidencial enfatizó que los recursos pueden usarse para otras cosas de beneficio para el pueblo.
Ricardo Anaya Cortés, ex candidato presidencial del PAN, afirmó que la encuesta para enjuiciar a los ex presidentes “es un engaño y un tiradero de 500 millones de pesos”.
En un vídeo colocado en sus redes sociales, Anaya Cortés sostuvo que la referida encuesta es “un engaño”.

“Otra cortina de humo de López Obradorpara no hablar de lo que realmente importa”, indicó.

Externó que con los 500 millones de pesos que se habrán de utilizar para la realización de la misma, se pueden usar para la compra de vacunas.

“Es un tiradero de dinero, e indicó que con esa cantidad se comprarían un millón de vacunas; construir 67 nuevas escuelas primarias; dos universidades o 25 unidades deportivas; o alcanzaría para becar con dos mil pesos mensuales, por un año, a más de 20 mil estudiantes”.

“¿por qué no usamos esos 500 millones para comprar medicinas para los niños con cáncer o para reforzar la seguridad y evitar las mascares?”

“Es un tiradero de dinero porque ya sabemos que no se va a alcanzar el porcentaje del 40% que se requiere por ley para que el resultado de la consulta sea obligatorio”.

Expresó que en la consulta se esconde un propósito muy distinto: “seguir polarizando, dividiendo y distrayendo a los mexicanos” ya que, asegura, la pregunta avalada por la Suprema Corte y que va a aparecer en las boletas, no habla de enjuiciar a los expresidentes.

Ricardo Anaya enfatizó que López Obrador busca tenernos ocupados “con consultas y con informes inútiles“.

“En un país de leyes “los delitos se persiguen, no se consultan. En un país con Estado de derecho no hay necesidad de preguntar si se aplica o no se aplica la ley. Si alguien cometió algún delito se le tiene qué aplicar la ley”, por lo que “no hay nada qué consultar”.

Por último, dejó claro que “salir a votar en esa consulta es validar el absurdo la aberración, la locura de tirar 500 millones de pesos para preguntar si el gobierno debe aplicar o no la ley cuando ya sabemos de antemano la respuesta”.

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