Senado aprueba reforma que exige nacionalidad única a candidatos presidenciales y gubernaturas
La Cámara de Senadores aprobó durante la jornada del martes la reforma constitucional que establece como requisito obligatorio para quienes aspiren a la Presidencia de México o a gubernaturas estatales la renuncia expresa a cualquier otra nacionalidad distinta a la mexicana.
La iniciativa enviada de manera directa por la titular del Poder Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum, al Congreso de la Unión busca blindar los puestos de máxima decisión política del país frente a influencias o vínculos con gobiernos extranjeros, marcando un nuevo posicionamiento soberano ante el escenario internacional.
Justificación y debate político
Los argumentos expuestos por la mandataria federal durante sus conferencias de prensa señalaron casos recientes de gobernantes en otras naciones de América Latina que poseen doble nacionalidad, ejemplificando con figuras de la política sudamericana que cuentan con pasaporte estadounidense como es el caso de los presidentes Daniel Noboa, en Ecuador y Abelardo de la Espriella, en Colombia.
“No puedes jurar a dos banderas y ser representante del Estado mexicano”, declaró la presidenta de la república al defender la modificación legislativa ante representantes de los medios de comunicación en Palacio Nacional.
Las mayorías legislativas pertenecientes al partido oficialista Morena y sus fuerzas aliadas respaldaron la propuesta en la Cámara Alta, alcanzando ochenta y seis votos a favor, la cifra exacta requerida para modificar la Carta Magna, frente a cuarenta y dos votos en contra emitidos por bloques opositores.
El proceso legislativo federal completó su fase previa en la Cámara de Diputados con un margen más amplio de votos favorables, quedando pendiente la ratificación obligatoria en al menos diecisiete de los treinta y dos congresos locales de la República Mexicana.
Críticas de la oposición y derechos de migrantes
Legisladores de oposición rechazaron tajantemente el dictamen al advertir que la medida vulnera y restringe de forma injusta los derechos políticos de millones de connacionales con doble nacionalidad, muchos de ellos descendientes directos de familias mexicanas radicadas en el extranjero.
“Lo que estamos haciendo es crear dos categorías de mexicanos y mexicanas dentro de la Constitución. Unos con derechos plenos y otros con derechos condicionados y acotados”, sentenció durante el debate en tribuna el senador Luis Donaldo Colosio, integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Cifras oficiales difundidas por la propia administración federal estiman que cerca de cuarenta millones de personas con origen mexicano, abarcando primera, segunda y tercera generación, viven actualmente en los Estados Unidos de América.
Contexto geopolítico y tensiones bilaterales
La aprobación de esta reforma ocurre en un momento marcado por tensiones diplomáticas y presiones ejercidas desde Washington para que el gobierno mexicano intensifique las acciones de combate a los cárteles del narcotráfico.
Las amenazas recurrentes de intervención militar en territorio nacional emitidas por actores políticos estadounidenses han encontrado una respuesta de firme rechazo por parte del gobierno federal mexicano en su afán de priorizar la soberanía nacional.
Por su parte el bloque oficialista logró modificar disposiciones constitucionales orientadas a posibilitar elecciones anulares ante presuntas evidencias de injerencia extranjera, además de endurecer las sanciones legales contra actos de espionaje perpetrados por extranjeros en territorio nacional.
