Tras la difusión de una nueva grabación que expone diálogos con supuestos agentes de Estados Unidos, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, reconoció públicamente que la conversación en la que se planteó un esquema de cooperación de información sí se llevó a cabo.

La mandataria estatal detalló que accedió a entablar el diálogo, presuntamente realizado con un agente vinculado al Buró Federal de Investigaciones (FBI), a pesar de que los interlocutores no acreditaron formalmente su representación diplomática u oficial al momento de la reunión. De acuerdo con el audio filtrado, Ávila Olmeda habría sido presionada bajo la oferta de obtener inmunidad legal frente a las autoridades norteamericanas.

A través de un pronunciamiento oficial emitido por su administración, se aclaró el posicionamiento de la gobernadora ante los nuevos señalamientos: “Estas personas plantearon distintos escenarios legales sin presentar documentos, identificaciones o requerimientos oficiales que respaldaran sus afirmaciones, por lo que la Gobernadora indicó que cualquier asunto de esa naturaleza debía atenderse mediante las vías legales e institucionales correspondientes”.

Asimismo, la gobernadora de Baja California enfatizó que el material auditivo difundido no revela la comisión de ningún “acto irregular” que deba ocultar. No obstante, reiteró que mantiene su disposición para el intercambio de información con agencias extranjeras, siempre y cuando este proceso se concrete de forma exclusiva a través de los canales institucionales vigentes.

Revelaciones del diálogo y defensa jurídica

La filtración del material, atribuida inicialmente a información del periodista Héctor de Mauleón, muestra que Ávila Olmeda fue presionada por un presunto agente especial debido a un supuesto incumplimiento en la entrega de información clave a la “procuradora”. En el registro de audio se hace evidente la preocupación de la gobernadora morenista respecto a la posibilidad de que le sean presentados cargos judiciales o de enfrentar un proceso de extradición hacia los Estados Unidos.

De igual manera, en la grabación se constata el ofrecimiento de la mandataria para compartir información recabada en las Mesas de Coordinación de Seguridad estatales. No obstante, puso como condición que dichos encuentros de retroalimentación se efectúen en hoteles ubicados dentro del territorio de Baja California, evitando acudir a instalaciones del país vecino o a sedes consulares y diplomáticas de Estados Unidos en México.

Ávila Olmeda también confirmó que su representación legal en los Estados Unidos sigue a cargo del abogado Michael Nadler. Nadler es un litigante reconocido por su especialización en la defensa contra acusaciones de lavado de dinero, fraude y delitos económicos de carácter federal, quien además se desempeñó como fiscal federal del Distrito Sur de Florida entre los años 2011 y 2020 antes de incorporarse a la práctica privada.

Este episodio ocurre semanas después de que, en junio pasado, se filtrara un primer audio sobre el mismo tema. En aquella ocasión, la gobernadora calificó las versiones de tratos secretos con el gobierno estadounidense como “un invento total” destinado a la recuperación de su visa, la cual presuntamente le habría sido revocada en medio de investigaciones contra políticos mexicanos por nexos con el crimen organizado. “No hagamos telenovelas ni historias de La Rosa de Guadalupe”, aseveró en su habitual conferencia de prensa semanal para desestimar la polémica en su momento.

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