Ante los recientes cuestionamientos sobre la gestión de recursos públicos y contratos de proveedores, la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) implementó una nueva estrategia digital. Guadalupe Taddei, consejera presidenta del organismo, convocó a los medios de comunicación para anunciar el lanzamiento oficial del denominado Portal de Transparencia Ciudadana, una medida orientada a transparentar las compras y adquisiciones durante el proceso electoral que concluirá en junio de 2027.

El anuncio se da semanas después de diversas investigaciones periodísticas que señalan a un grupo de siete empresas proveedoras de material electoral, entre ellas Corporativo Zeg, Cajas Graf y TOL Producciones, bajo sospecha de operar como factureras. Dichas firmas, que obtuvieron un contrato por 197 millones de pesos para la elección judicial, están vinculadas a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, así como a Jesús Octavio García González, exdirector de Administración del instituto.

Aclaraciones sobre la nómina y excolaboradores

Durante su mensaje, Taddei reconoció que Jonathan Navarrete Torres, quien fungía como apoderado legal de Consorcio Zeg, laboró en el organismo, aunque desmintió que se desempeñara como su chofer personal. Precisó que su único asistente personalizado es Luis Alberto Bustamante Canizales, quien ocupa el cargo de líder de proyecto con una percepción mensual cercana a los 70 mil pesos.

“Aquí quiero ser muy clara: esta presidencia no tiene empresas favoritas”, expresó Guadalupe Taddei al rechazar los señalamientos de favoritismo durante su gestión.

Asimismo, la consejera presidenta informó que los señalamientos sobre posibles omisiones en declaraciones de intereses y patrimoniales ya fueron turnados al Órgano Interno de Control (OIC). Explicó que las personas involucradas ya no laboran en el instituto y que en su momento negaron bajo protesta de decir verdad tener participación en empresas o sociedades mercantiles.

Revisiones y antecedentes de contratación

La titular del INE defendió sus antecedentes administrativos al recordar su paso por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora entre 2014 y 2021. En aquel periodo, aseguró, se adjudicaron contratos a seis empresas distintas sin repetir proveedores, cuyos expedientes fueron debidamente auditados.

El organismo electoral reiteró su disposición de colaborar con las autoridades federales de seguridad y proporcionar la información que sea requerida para esclarecer las indagatorias sobre la red de proveedores, reafirmando que las contrataciones públicas deben basarse en procedimientos y documentos oficiales.

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