La Fiscalía General del Estado de Guanajuato logró neutralizar a un generador de violencia y desarticular una célula criminal, como resultado de trabajos de investigación, inteligencia y actuación oportuna, luego de un ataque armado perpetrado contra personal ministerial durante el cumplimiento de una orden judicial en el municipio de Irapuato.

Los hechos ocurrieron la tarde del 30 de diciembre de 2025, cuando un equipo conformado por un agente del Ministerio Público, peritos y agentes de Investigación Criminal acudió a un domicilio para ejecutar un cateo autorizado por un juez, como parte de una investigación encaminada a reducir la incidencia delictiva y salvaguardar a la población.

Al arribar al inmueble, los servidores públicos fueron agredidos con disparos de arma de fuego de alto poder realizados desde el interior del lugar.

Gracias a la reacción profesional, coordinada y apegada a derecho del personal actuante, la agresión fue contenida sin que se registraran víctimas mortales, logrando la detención del agresor, identificado como Fernando, señalado como líder de un grupo criminal con origen en un estado vecino y considerado objetivo prioritario por su presunta participación en hechos delictivos de alto impacto en la región.

Durante su captura, se le aseguró un arma de fuego, cargadores abastecidos, metanfetamina y dinero en efectivo, elementos que fortalecen las líneas de investigación en su contra. En el mismo operativo fueron detenidos Carlos Ignacio, María de los Ángeles y Leonardo, a quienes también se les aseguraron sustancias ilícitas.

Las indagatorias preliminares los vinculan con diversos eventos delictivos recientes que afectaron la tranquilidad de las familias de Irapuato.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, y el Juez de Control calificó como legales las detenciones, dictando auto de vinculación a proceso penal por el delito de tentativa de homicidio en agravio de servidores públicos, así como por los delitos federales de posesión de arma de fuego y cargadores de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y posesión de metanfetamina, imponiendo como medida cautelar la prisión preventiva.