Blindan pensiones del ISSEG con candados de venta y exigen cuentas a CFE por apagones
Con estrictos candados de transparencia y un bloque de auditorías especiales a contratos municipales, el Congreso de Guanajuato aprobó modificaciones clave en materia de recursos públicos, fiscalización patrimonial y atención a servicios básicos.
Durante la sesiones de comisiones legislativas, se avaló que el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG) requiera supervisión previa para comercializar alrededor de 150 propiedades recuperadas de deudores. La medida impone la obligación de entregar un informe mensual detallado con ubicación y avalúo al Poder Legislativo, prohibiendo cualquier remate sin previo aviso para proteger el fondo de pensiones.
Lupa en contratos y exigencia a la CFE
En materia de fiscalización, el pleno legislativo ordenó a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) revisar a fondo los contratos de obra por adjudicación directa en Guanajuato capital, las adjudicaciones a la empresa TerraLab Consulting en León, el contrato de placas vehiculares con fondos del COSAINCEG y la operación del Instituto IDEA.
Paralelamente, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó citar a directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para exigir explicaciones ante los constantes apagones y establecer mecanismos de indemnización para familias y comercios afectados. Asimismo, se aprobó un exhorto para frenar la importación desleal de vajillas y cerámica extranjera que afecta al mercado local.
“Es indispensable reforzar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para garantizar una supervisión legislativa puntual sobre el patrimonio y los recursos de los guanajuatenses”, dijo Karol Jared González Márquez, diputada local
Avanzan derechos humanos y diversidad sexual
En el rubro social, la Comisión de Derechos Humanos avaló un plazo de 15 días para que 22 municipios y la Secretaría estatal informen sobre el presupuesto y operación de sus unidades de atención a la diversidad sexual.
Destaca también el aval a la iniciativa para permitir que la rectificación de identidad de género se realice directamente ante el Registro Civil sin necesidad de juicios de amparo, además de gestionar la contratación de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana para garantizar la inclusión en las discusiones del Congreso.
