La nueva medida de Donald Trump infunde miedo en migrantes para el envío de remesas, ¿pero es en realidad un tema de seguridad nacional o un refuerzo a su política migratoria?

“Con esta política de entrada ya hay incertidumbre, la gente está actuando bajo miedo: ¿es realmente una política de seguridad nacional con el combate al narcotráfico o realmente es una política migratoria que está siendo disfrazada a través de medios financieros?”, cuestionó Neftalí Toledo, académico en Contaduría y Estrategias Financieras de la Universidad Ibero León.

A través de la orden ejecutiva firmada por el presidente Republicano el pasado 19 de mayo, se promete mayor seguridad en instituciones financieras americanas al tener más control de la identificación de usuarios, entre ellos, migrantes indocumentados.

¿En qué consiste la nueva orden ejecutiva?

El Restablecimiento de la integridad del Sistema Financiero Estadounidense, como lo presentó la Casa Blanca, busca más candados para la identificación de los migrantes en el país vecino quienes quiera hacer uso del sistema financiero de Estados Unidos, aunque no es un golpe directo a las remesas, dificulta su envío.

Esto visto por el gobierno estadounidense como un tema de seguridad nacional al señalar que mucho del envío de dinero se destina al narcotráfico, a la trata de personas o a la venta del fentanilo.

“Desde mi postura, tendríamos que estar revisando cuentas específicas con movimientos muy extremos o con volumen, y eso lo podemos hacer a través de la trazabilidad de aplicaciones, pero no podemos generalizar que todas las personas migrantes se dedican a estos delitos”, dijo.

¿Qué pasará en los próximos días?

El especialista y catedrático, subrayó la importancia de los primeros 60 días después de la publicación de la orden, en donde el secretario del Tesoro deberá emitir una advertencia para las instituciones financieras sobre los riesgos asociados con la exploración del sistema financiero de Estados Unidos.

En el mismo periodo de tiempo la NCUA (Administración Nacional de Cooperativas de Crédito), la FED (Sistema de la Reserva Federal) y la OCC (Oficina del Contralor de la Moneda), advertirán sobre los riesgos financieros latentes al otorgar préstamos hipotecarios, de autos o tarjetas de crédito a personas sin autorización de trabajo legal.

“Justo estaremos viendo cuáles son las medidas que van a implementar, cuáles son las guías, los requisitos, etc. y a partir de ahí, obviamente tener mayor inteligencia, mayor probabilidad para saber si podemos cumplir o no con esos requisitos”, dijo.

En un plazo de 90 días, el Departamento del Tesoro propondrá enmiendas en las regulaciones de la Ley de Secreto Bancario, las cuales permitirán que los bancos y uniones de crédito pregunten e investiguen sobre el estatus migratorio de un usuario como parte de su diligencia.

“El tema al infundir miedo es que si nos van a pedir datos de identificación, pues las personas que están de forma irregular pueden ser fácilmente identificables”.

Después de los 180 días de la publicación, la orden establece que se evaluarán cambios regulatorios profundos para fortalecer los requisitos de identificación de los usuarios.