Señaló el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), que suponer que el gobierno puede ser autosuficiente para operar y financiar el desarrollo de los sectores eléctrico y energético, implica serios riesgos para el país.

En su Análisis Económico Ejecutivo, plantea que se debe tener en cuenta que para ello requiere de una gran cantidad de recursos que el erario no tiene y que “las fuentes de recursos públicos están comprometidas en programas sociales”.

En este contexto, expuso que si el objetivo es fortalecer el ritmo de crecimiento de la economía en el mediano y largo plazo, sin duda “es necesario un entorno en el que el sector público y privado coincidan en las metas”, especialmente en las relativas al bienestar de los hogares.

Celebró el CEESP que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con sus fallos, haga prevalecer el mandato de la Constitución Política de México, privilegiando el interés de todos los mexicanos.

Aseguró que en el caso del sector eléctrico, es evidente que para que la inversión impulsada por el TMEC y por la relocalización propicie mayor valor agregado nacional y una mayor demanda y más esparcida geográficamente a lo largo del país, se requieren políticas que propicien un entorno de certidumbre, incluida la regulación pro-competitiva de ese vital sector.

En este tema, consideró que el fallo de la Corte “resalta la vigencia de una política de energía más eficiente”, que garantiza la seguridad en la generación, transmisión y distribución de electricidad y la disponibilidad de hidrocarburos a lo largo de todo el territorio nacional, a un menor costo ambiental.