Abusos de autoridad encabezan quejas contra funcionarios en León

En la última década, la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato registró más de mil 300 quejas contra servidores públicos.
Foto: Cortesía

En la última década la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato registró mil 392 quejas contra servidores públicos del municipio de León de las cuales, el 77 por ciento corresponden a la Secretaría de Seguridad Pública.

Víctor Aguirre Armenta, Subsecretario de Protección de los Derechos Humanos de la Secretaría del Ayuntamiento de León informó que del total, mil 012 corresponden a esta secretaría principalmente por cometer abusos de autoridad.

“La mayoría son para la área de seguridad pública, considerando también que esta área corresponde a más de la mitad del personal del municipio. Entonces, por eso es que son un mayor número de quejas”, afirmó.

Afirmó que esta cifra ha ido a la baja durante las últimas dos administraciones encabezadas por Alejandra Gutiérrez Campos.

En ese sentido informó que se han emitido 250 recomendaciones, y en el último año registran un acumulado de 48 recomendaciones pendientes o que están en proceso de cumplimiento.

Año – Quejas – Recomendaciones
2016    127                   51
2017   106                    58
2018    89                     41
2019    86                     29
2020    69                     32
2021   125                     4
2022   200                     4
2023   226                     7
2024   132                   32
2025   158                   21
2026    74                    17

“Las razones por las que no se ha cumplido en su totalidad es principalmente porque dentro de los puntos de las recomendaciones se establece, en algunos casos, compensación económica que corresponde a la Comisión Estatal de Víctimas cuantificarlo. Y esta cuantificación es un expediente adicional con desahogo de pruebas e incluso en algunos casos periciales para determinar los montos. Y el proceso puede llevar incluso varios años”, afirmó.

Aguirre Armenta confirmó que el fin de evitar la reincidencia el principal mecanismo que utiliza la Procuraduría de Derechos Humanos es la capacitación y aseguró que se da mayor énfasis en a los servidores públicos que han sido señalados.

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