UIF bloquea cuentas bancarias de Guadalupe Taddei; ASF investiga contratos millonarios del INE
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incorporó a 43 personas vinculadas con proveedores electorales a la Lista de Personas Bloqueadas, tras detectar operaciones financieras sospechosas, en medio de una investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre presuntas irregularidades en contratos millonarios del Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
La medida alcanza a 28 personas físicas y 15 personas morales, mientras que la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), para que investigue posibles responsabilidades relacionadas con las operaciones financieras detectadas.
En un comunicado, Hacienda informó que, derivado de los análisis financieros realizados en el ámbito de sus atribuciones, identificó operaciones que presentan elementos de riesgo y ameritan una revisión por parte de las autoridades competentes.
La dependencia precisó que la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo y no implica una determinación definitiva de responsabilidad.
Asimismo, señaló que las personas involucradas conservan sus derechos de audiencia, defensa y presunción de inocencia.
“De los análisis financieros y los elementos de riesgo identificados, la UIF presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR)”, establece el comunicado.
La autoridad hacendaria sostuvo que corresponde al Ministerio Público realizar las investigaciones pertinentes y determinar, conforme a derecho, las posibles responsabilidades derivadas de estos hechos.
ASF investiga contratos por 8 mil 870 millones de pesos
La actuación de la UIF coincide con la ampliación de las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación, que anunció una revisión histórica de las contrataciones efectuadas por el extinto Instituto Federal Electoral (IFE), el INE y los 32 organismos electorales locales durante el periodo comprendido entre 2000 y 2025.
El auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel, informó previamente ante la Cámara de Diputados que dos grupos empresariales acumularon contratos y operaciones por aproximadamente 8 mil 870 millones de pesos entre 2014 y 2026, de los cuales 3 mil 790 millones correspondieron a organismos electorales locales y alrededor de 430 millones al INE.
Entre las posibles anomalías identificadas figuran la simulación de competencia en licitaciones, subcontrataciones entre empresas relacionadas, presuntos sobreprecios y operaciones con compañías que registraban plantillas laborales reducidas o inexistentes.
La ASF informó que mantiene tres líneas de investigación: indagatorias de oficio sobre contrataciones públicas, un estudio histórico para identificar concentración de proveedores y prácticas irregulares, así como una auditoría integral al INE y al gasto federalizado ejercido por los OPLE.
El organismo fiscalizador advirtió que sus trabajos de inteligencia han identificado indicios de “múltiples irregularidades históricas” en el ejercicio de recursos públicos destinados a las autoridades electorales.
Aunque ambas instituciones investigan operaciones vinculadas con proveedores electorales, hasta el momento no se ha acreditado públicamente que las 43 personas bloqueadas por la UIF correspondan a los dos grupos empresariales examinados por la ASF.
Coparmex alerta sobre crisis de confianza en el INE rumbo a 2027
En paralelo, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que la crisis institucional del INE ha debilitado la confianza ciudadana y representa un riesgo para la credibilidad de las elecciones de 2027.
En un pronunciamiento difundido este 4 de noviembre, el organismo empresarial cuestionó el debilitamiento de los contrapesos internos del Instituto y exigió investigaciones independientes, transparentes y sin excepciones sobre los señalamientos de corrupción.
“La confianza en las elecciones de 2027 está en juego”, alertó la organización patronal.
Coparmex sostuvo que la salida de funcionarios no es suficiente para resolver los problemas institucionales, por lo que demandó fortalecer los mecanismos de supervisión, vigilancia y rendición de cuentas.
También planteó recuperar la colegialidad del Consejo General, reforzar la independencia del Órgano Interno de Control y garantizar que la designación de la nueva Presidencia del INE responda a criterios de experiencia, integridad e independencia.
El organismo empresarial anunció que, junto con sus 71 centros empresariales, impulsará una acción nacional dirigida a legisladores y coordinadores parlamentarios para exigir un proceso de designación transparente y basado en el mérito.
