El Instituto Mexicano del Seguro Social ha publicado en el Diario Oficial de la Federación un nuevo acuerdo del Consejo Técnico que modifica las reglas para el cálculo de pensiones de los trabajadores pertenecientes a la generación de transición. Esta medida afecta directamente a las personas inscritas bajo el régimen de la “Ley 73“, es decir, quienes comenzaron su vida laboral antes de la entrada en vigor de las reformas a la Ley del Seguro Social de 1997, las cuales establecieron el sistema de cuentas individuales de ahorro para el retiro.

El cambio normativo se enfoca en la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, esquema popularmente conocido como Modalidad 40. Esta vía ha funcionado como una alternativa para personas que ya no se encuentran laborando y buscan elevar el monto de su jubilación mediante el pago de cuotas con un salario de cotización mayor al que percibían en su último empleo. Anteriormente, dicho esquema permitía a los asegurados alcanzar pensiones superiores a los 80 mil pesos mensuales a través de una planificación financiera previa.

Salario base y límites de cotización para nuevas inscripciones

Con la entrada en vigor de la nueva disposición, el IMSS elimina la facultad del trabajador de elegir de forma libre un salario superior hasta el tope previo de 25 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), equivalente a 2 mil 932 pesos diarios. A partir de la aplicación del acuerdo, el parámetro de referencia será el último salario base con el que cotizó el asegurado, permitiendo únicamente un margen de incremento de hasta una UMA adicional, respetando siempre el piso del salario mínimo fijado.

Esta modificación reduce drásticamente la capacidad de elevar la pensión en comparación con el salario real registrado durante la trayectoria laboral. Por ejemplo, si un asegurado contaba con un salario promedio de 500 pesos en sus últimas 250 semanas, la normativa previa le permitía cotizar por cuenta propia hasta el tope de 2 mil 932 pesos si disponía de los recursos financieros. Bajo las nuevas reglas, el límite de cotización para ese mismo caso quedará fijado en 617.31 pesos diarios.

Bajo el esquema anterior, un trabajador de 60 años con 2 mil semanas cotizadas que registraba el tope máximo de 25 UMAS (2 mil 932 pesos diarios) podía aspirar a un pago mensual de al menos 61 mil 500 pesos. Esta cifra podía incrementarse en función de un mayor número de semanas acumuladas, una edad de retiro más avanzada o la presencia de dependientes económicos. La nueva regla restringe esta posibilidad para quienes busquen ingresar al esquema.

“Ahora se dispone que se tome como referencia el último salario base de cotización, con un margen de hasta una UMA adicional, respetando el piso de salario mínimo previsto en el acuerdo.”

Retroactividad, derechos adquiridos y plazos de evaluación institucional

Las disposiciones dictadas por el Consejo Técnico establecen medidas de carácter temporal que restringen la selección del salario para nuevas incorporaciones y reingresos. Se ha precisado que el esquema aún no es definitivo, por lo que podrá ser modificado o sustituido por un marco regulatorio distinto en el futuro. Asimismo, el acuerdo aclara los alcances respecto a los trabajadores y los cálculos de derechos:

• Respeto a cotizantes actuales: Las medidas aplican únicamente a las nuevas solicitudes. Quienes ya se encuentran inscritos mantendrán las condiciones previas al acuerdo.
• Sin cambios en historial: No existen modificaciones sobre los salarios efectivamente cotizados y pagados, ni ajustes en el reconocimiento de las semanas acumuladas.
• Eliminación de retroactividad: Anteriormente, la incorporación surtía efectos desde el día posterior a la baja laboral mediante el pago de cuotas y accesorios. A partir de la entrada en vigor del acuerdo, la inscripción surtirá efectos únicamente desde la fecha en que se presente la solicitud.

“Las medidas aplican para nuevas solicitudes y se respetan a quienes ya están inscritos, por lo que podrán seguir bajo los criterios que estaban previstos antes del acuerdo.”

Para definir el futuro del esquema, el acuerdo fija una hoja de ruta administrativa. La Dirección de Finanzas del IMSS dispondrá de un plazo máximo de seis meses para evaluar el impacto financiero de la Modalidad 40 en las cuentas del instituto. Una vez concluido dicho informe, la Dirección Jurídica contará con un periodo adicional de seis meses para formular y someter ante el Consejo Técnico una propuesta de modificación normativa definitiva.

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