Gobierno da ultimátum de 30 días a plataformas digitales: deberán retirar contenido violento o enfrentarán sanciones
El Gobierno de México dio un plazo de 30 días naturales a las plataformas digitales para implementar mecanismos que impidan a niñas, niños y adolescentes acceder a contenidos relacionados con violencia, abuso sexual, acoso, discursos de odio y conductas ilícitas.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que, si las empresas incumplen, impulsará una legislación que contemple sanciones.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde Luján, anunció que este miércoles se firmará y publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto presidencial que establece obligaciones para las compañías tecnológicas que operan en México.
“Las plataformas digitales deben documentar e informar las acciones implementadas para dar cumplimiento a las disposiciones del presente decreto dentro de un plazo máximo de 30 días naturales, contado a partir de su entrada en vigor”, explicó la funcionaria.
Alcalde Luján informó que el plazo fue acordado con representantes de Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google, X y Huawei, durante una segunda reunión convocada por el Gobierno federal para establecer los mecanismos de protección de menores en los entornos digitales.
Reconoció la disposición de las empresas tecnológicas y aseguró que, lejos de presentar resistencia, aceptaron avanzar en la aplicación del decreto.
“Reconocer la actitud de todas las plataformas que, lejos de mostrar resistencia, entendieron perfectamente la necesidad de un instrumento de esta naturaleza”, expresó.
La consejera jurídica detalló que las compañías ya cuentan con herramientas para identificar y eliminar publicaciones perjudiciales, pero ahora deberán fortalecerlas y homologar sus procedimientos para cumplir con las nuevas disposiciones.
Sheinbaum advierte: si no cumplen, habrá ley con sanciones
La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el decreto tendrá carácter obligatorio, aunque inicialmente no contempla multas ni otras medidas punitivas.
“Las plataformas estuvieron de acuerdo. Lo único que pidieron fue un mes para poder preparar sus plataformas para que esto sea una realidad”, señaló la mandataria.
Advirtió que el Gobierno federal, mediante la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, vigilará el cumplimiento de las obligaciones y evaluará los avances reportados por las empresas.
“Si vemos que no se está cumpliendo, entonces pasaríamos a una ley que también implicaría sanciones a las plataformas”, puntualizó Sheinbaum.
La jefa del Ejecutivo federal explicó que el objetivo es impedir que las cuentas utilizadas por menores de edad reciban publicaciones que promuevan violencia, acoso, abuso sexual y otras conductas que pongan en riesgo su integridad.
Prohibirán contenidos de odio, violencia sexual y ciberacoso
Al presentar los alcances del decreto, Alcalde Luján precisó que las plataformas digitales tendrán prohibido permitir el acceso, la exposición o la recomendación de contenidos que promuevan discursos de odio, extremismo violento, abuso y explotación sexual, suicidio, autolesiones deliberadas, trastornos alimenticios, violencia escolar, acoso, ciberacoso, conductas ilícitas y material sexual explícito.
Para garantizar el cumplimiento de estas disposiciones, las empresas deberán identificar y retirar inmediatamente las cuentas o publicaciones que promuevan esas conductas.
También estarán obligadas a clasificar los contenidos por edades, verificar la edad de los usuarios e incorporar herramientas de supervisión para madres, padres y tutores.
Asimismo, deberán establecer mecanismos de denuncia accesibles para que los usuarios reporten publicaciones riesgosas y activar, de manera predeterminada, configuraciones de privacidad y seguridad en las cuentas de menores.
La consejera jurídica enfatizó que estas medidas deberán incorporarse desde el diseño de las plataformas, sin trasladar a los menores o sus familias toda la responsabilidad de configurar las restricciones.
Plataformas deberán colaborar con autoridades de seguridad
Otro de los puntos centrales del decreto establece que las compañías deberán contar con canales permanentes de comunicación con las autoridades encargadas de investigar delitos.
Estos mecanismos permitirán solicitar información, preservar evidencias digitales y facilitar elementos relevantes para investigaciones relacionadas con situaciones de riesgo.
Las plataformas también tendrán la obligación de alertar a las autoridades cuando detecten contenidos que puedan representar una amenaza contra la vida.
Alcalde Luján explicó que la disposición busca establecer una coordinación permanente entre empresas tecnológicas e instituciones de seguridad, para agilizar la detección y atención de conductas violentas.
La funcionaria fundamentó el decreto en el artículo 101 Bis 3 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece la obligación del Estado de garantizar el acceso y uso seguro de internet y promover medidas de prevención y protección contra el ciberacoso y otras formas de violencia digital.
Abren puerta a una regulación más estricta
La consejera jurídica aclaró que el decreto representa una primera etapa en la estrategia del Gobierno federal para proteger a menores de edad en internet.
“Iniciamos con este decreto que hemos expuesto aquí; es obligatorio, mas no punitivo”, sostuvo.
Adelantó que la Consejería Jurídica establecerá mesas de trabajo para analizar posibles reformas y propuestas regulatorias que fortalezcan la protección de la infancia y adolescencia en los espacios digitales.
Paralelamente, las secretarías de Educación Pública y de Salud reforzarán acciones preventivas, entre ellas la difusión de la Línea de la Vida, que ofrece orientación y apoyo psicológico, así como la estrategia ABC de las emociones, dirigida a promover la salud mental y el uso consciente de las redes sociales en las comunidades educativas.
Con estas disposiciones, el Gobierno federal trasladará a las empresas tecnológicas obligaciones concretas para prevenir la exposición de menores a contenidos perjudiciales.
