Sheinbaum pide que FGR y CNDH investiguen casos de abusos policiales y tortura en Jalisco
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigió una investigación profunda por los presuntos actos de tortura y represión policial contra manifestantes que protestaban por el suministro de agua contaminada en Guadalajara, Jalisco, y planteó la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y, cuando corresponda, de la Fiscalía General de la República (FGR), al advertir que no puede existir impunidad frente a las violaciones a derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden.
Lo anterior, después de que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, reconoció públicamente que elementos de la Policía Estatal incurrieron en excesos durante la manifestación del domingo 11 de octubre frente a Casa Jalisco, donde se registraron detenciones, agresiones y el uso de chorros de agua y gases contra los inconformes.
Durante su conferencia Mañanera del Pueblo, desde Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo cuestionó que en pleno 2026 persistan prácticas de tortura contra jóvenes y ciudadanos, por lo que demandó esclarecer quién ordenó los operativos policiales y garantizar sanciones contra los responsables.
“Cómo es posible que en el 2026 siga habiendo tortura de policías a jóvenes”, reprochó la mandataria.
La titular del Ejecutivo federal informó que solicitó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, un informe sobre los acontecimientos en Jalisco y pidió a la CNDH investigar las denuncias, entrevistar a las víctimas y determinar las circunstancias de las agresiones.
“No puede permitirse lo que ocurrió en Jalisco y lo que denuncias hoy, o sea, además el uso de chorros de agua, de gases lacrimógenos, el tema de la tortura”, expresó.
Sheinbaum insistió en que las corporaciones de seguridad deben respetar los derechos fundamentales de la población y que ninguna autoridad puede justificar la tortura como parte de sus funciones.
“No puede ser que una fuerza del orden torture a ninguna persona”, sentenció.
Pablo Lemus reconoce excesos y anuncia sanciones contra policías
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, modificó su postura sobre los acontecimientos después de revisar videos del operativo policial y admitió que existieron errores graves, uso excesivo de la fuerza y detenciones injustificadas durante la movilización ciudadana.
En un mensaje difundido el 13 de octubre, el mandatario estatal reconoció que el despliegue de seguridad presentó graves deficiencias y perdió el control durante los momentos de mayor tensión.
“Antes que gobernador soy humano, en la vida se debe saber reconocer y corregir”, expresó Lemus, quien anunció que las 39 personas detenidas durante la protesta habían recuperado su libertad.
El gobernador también admitió que los policías no debieron utilizar agua ni gases contra los manifestantes, y reconoció que algunos agentes estatales incurrieron en abusos.
“Y así como hubo manifestantes que actuaron con violencia, también algunos elementos de la Policía Estatal cometieron excesos y los tenemos identificados”, declaró.
Pablo Lemus anunció investigaciones internas para determinar responsabilidades y sancionar a los elementos involucrados, al tiempo que reconoció que menores de edad y adultos mayores quedaron expuestos a la violencia durante la protesta.
Inicialmente, el gobernador había atribuido los enfrentamientos a la presunta infiltración de un grupo de choque de aproximadamente 400 personas, al que responsabilizó de provocar disturbios frente a la residencia oficial.
Sin embargo, posteriormente reconoció los excesos cometidos por integrantes de su propia corporación de seguridad.
La movilización ciudadana surgió por las denuncias sobre el suministro de agua turbia, maloliente y presuntamente contaminada en numerosas colonias de la zona metropolitana de Guadalajara.
Organizaciones civiles, entre ellas el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), denunciaron golpes, detenciones arbitrarias y posibles actos de tortura contra manifestantes, por lo que demandaron investigaciones independientes y garantías para las víctimas.
Foto: Gobierno de México
CNDH atrae investigación por represión en Guadalajara
En medio de la controversia por la actuación de las fuerzas estatales, la CNDH informó que ejerció su facultad de atracción para investigar las posibles violaciones a derechos humanos cometidas durante y después de la manifestación del 11 de octubre.
La intervención del organismo nacional se suma a las investigaciones internas anunciadas por Lemus, quien solicitó el acompañamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco para determinar responsabilidades.
No obstante, la liberación de los manifestantes no significó el cierre de los procedimientos judiciales. De acuerdo con medios locales, al menos dos personas fueron vinculadas a proceso y quedaron sujetas a medidas cautelares, mientras otras cuatro debían continuar sus audiencias.
El Cepad advirtió que la permanencia de las acusaciones penales podría representar una forma de criminalización de la protesta social.
Frente a este escenario, Sheinbaum pidió que las investigaciones no se limiten a revisar los protocolos de actuación policial, sino que permitan conocer quién dio las órdenes y establecer responsabilidades.
“Yo lo que estoy pidiendo es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos haga una investigación profunda de este caso, que encuentre cómo se dieron las cosas, que entreviste a las víctimas”, expresó.
La presidenta reiteró que su gobierno no puede tolerar prácticas represivas que vulneren las garantías fundamentales de quienes ejercen su derecho a manifestarse.
“No podemos permitir nosotros, que venimos de luchar contra la represión, que en México haya fuerzas del orden que repriman, torturen, asesinen. Inadmisible”, sostuvo.
Pide intervención federal por abusos policiales en Guanajuato
El posicionamiento de Sheinbaum se extendió a Guanajuato, donde durante la conferencia matutina se denunciaron diversos casos de presunta tortura, agresiones y homicidios cometidos por elementos de corporaciones estatales y municipales.
Entre los hechos expuestos destacó el caso del periodista Jorge Luis Ruiz Sierra, quien presuntamente fue agredido por agentes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado mientras realizaba una cobertura informativa.
Según la denuncia presentada, los policías inmovilizaron su vehículo y lo dejaron expuesto en una zona peligrosa, de donde posteriormente fue auxiliado por compañeros periodistas y personal de otra dependencia gubernamental.
También se denunció la detención y presunta tortura de seis estudiantes de la Universidad de Guanajuato por policías municipales de la capital, bajo señalamientos de vandalismo, hechos que provocaron protestas y movilizaciones estudiantiles.
Otro caso señalado fue el del director operativo de la Policía de León, Óscar Nava, acusado de agredir a una mujer mediante golpes y maniobras de asfixia, presuntamente documentadas en un video difundido en redes sociales.
A estas denuncias se añadió la muerte de Iván, un joven trabajador de 19 años, presuntamente asesinado por policías estatales en San Felipe.
De acuerdo con lo expuesto ante la presidenta, los elementos involucrados habrían intentado presentar el homicidio como resultado de un enfrentamiento con delincuentes, lo que además provocó señalamientos de criminalización contra la víctima.
Los casos fueron planteados como denuncias durante la conferencia presidencial, sin que ello represente una determinación judicial sobre la responsabilidad de los agentes señalados.
Ante estos acontecimientos, Sheinbaum sostuvo que los gobiernos estatales deben responder por la actuación de sus instituciones policiales, pero abrió la puerta a la intervención de las instancias federales correspondientes.
“Hay una responsabilidad de los estados de la República de sus policías”, puntualizó.
La mandataria añadió que las denuncias de Guanajuato también deben investigarse y que, si las circunstancias lo ameritan, deben intervenir, también, la CNDH o la FGR.
“Si tiene que entrar la Comisión Nacional de Derechos Humanos o la propia Fiscalía General de la República, tiene que entrar”, afirmó.
“No puede haber tortura en México”, sentenció Sheinbaum y consideró especialmente preocupante que los señalamientos de violencia institucional involucren a jóvenes y estudiantes, al recordar que la prohibición de la tortura constituye una obligación para todas las autoridades del país.
La presidenta sostuvo que las prácticas represivas no pueden justificarse con el argumento de preservar el orden público y recordó los principios históricos de la lucha contra el autoritarismo.
En ese contexto, insistió en que los hechos registrados en ambas entidades deben esclarecerse plenamente para evitar que las violaciones a derechos humanos queden sin consecuencias.
“Tiene que investigarse, sancionarse y ser sin impunidad, porque no puede haber tortura en México”, enfatizó.
La jefa del Ejecutivo finalizó con que es necesaria una reforma profunda de las policías estatales y municipales para evitar que se sigan registrando hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos en contra de ciudadanos.
Foto: Gobierno de México
