El gobierno del estado de Jalisco confirmó la liberación de todas las personas que habían sido arrestadas durante la movilización ciudadana realizada este domingo en la ciudad de Guadalajara.El gobernador Pablo Lemus asumió la responsabilidad institucional y abrió la puerta a sanciones para los elementos de policía que estuvieron involucrados en abusos.

El mandatario la responsabilidad institucional y abrió la puerta a sanciones para los elementos de policía que estuvieron involucrados en abusos.

Reconocimiento de fallas y despliegue de revisión institucional

El gobernador de Jalisco optó por dar la cara ante la opinión pública tras revisar decenas de videos ciudadanos e institucionales que documentaron la protesta. Con base en ese análisis, el titular del Ejecutivo local admitió que el operativo policial padeció de graves deficiencias estructurales y se salió de control en su momento más crítico de acuerdo a declaraciones que dio a conocer a través de un video en sus plataformas sociales. 

“Como gobernador me toca dar la cara y tomar cartas en el asunto”, declaró el mandatario al tiempo que reconoció una realidad compleja en las calles: “Y así como hubo manifestantes que actuaron con violencia, también algunos elementos de la policía estatal cometieron excesos y los tenemos identificados”. 

Las autoridades de Jalisco detallaron que el uso de recursos antidisturbios no debió implementarse bajo los parámetros registrados.

Menores y adultos mayores expuestos durante la movilización

Uno de los puntos más críticos que fueron admitidos por la administración estatal fue la vulnerabilidad a la que se vieron expuestos sectores de la población sensibles. Durante el desarrollo de la manifestación, menores de edad y adultos mayores quedaron atrapados en medio de las dinámicas de confrontación, sufriendo las consecuencias del uso de agentes químicos y fuerza física en las inmediaciones de la Casa Jalisco.

Ante este escenario, el gobernador solicitó formalmente que la indagatoria interna sea vigilada y acompañada de cerca por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ). El objetivo principal de este acompañamiento es garantizar una transparente reparación del daño a las víctimas y fijar precedentes institucionales estrictos.

Anuncian sanciones y descartan privatización del agua

La investigación interna ordenada por el poder ejecutivo local tiene el objetivo de separar los desmanes y agresiones cometidos por manifestantes violentos de la actuación desmedida de los uniformados que excedieron los protocolos de contención. La meta gubernamental, de acuerdo al gobernador, es asegurar que los abusos detectados no vuelvan a repetirse en la entidad.

“Lo que sucedió el pasado domingo nunca más debe de repetirse en nuestra ciudad ni en nuestro estado”, sentenció Pablo Lemus ante los medios de comunicación. 

El gobernador aprovechó para aplacar los reclamos ciudadanos respecto a los proyectos hídricos de la región, descartando categóricamente que la obra del acueducto sustituto Chapala-Guadalajara contemple la privatización del servicio de agua potable, contratación de endeudamiento público, incrementos tarifarios o la cesión de la infraestructura a empresas extranjeras.

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