La reciente aprobación de sanciones de hasta ocho años de cárcel y multas superiores a los 226 mil pesos para quienes fabriquen, distribuyan o vendan vapeadores ha generado un intenso debate en León.

Aunque la medida busca frenar el uso de estos dispositivos, especialistas y consumidores consideran que el impacto real podría ser distinto: las ventas formales podrían disminuir, pero no necesariamente el consumo, y el riesgo es que el mercado clandestino se fortalezca.

Algunos usuarios señalaron que la adicción supera cualquier prohibición, mientras que otros reconocieron que los vendedores sí podrían dejar de operar por miedo a las sanciones, aunque esto no impediría que los vapeadores sigan circulando mediante entregas personales o ventas informales.

Por otro lado, autoridades ambientales recordaron que existen centros de acopio para desechar estos dispositivos, aunque admiten que la participación ciudadana es mínima. Pidieron a la población llevar sus aparatos a los puntos disponibles como dl Zoológico de León y Parque Cárcamos.

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El panorama general apunta a lo mismo: la reforma podría frenar la comercialización legal, pero no erradicar el consumo, y la preocupación principal es que las restricciones abran la puerta a que la clandestinidad tome mayor control del mercado.