El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia ha decidido este martes abrir una investigación y formular cargos contra la campaña presidencial de Gustavo Petro en las elecciones de 2022 “por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales”.

El CNE ha especificado que está investigando, además de a Petro, quien fuera entonces el candidato de la Coalición Pacto Histórico, al gerente de la campaña, Ricardo Roa, a la tesorera, Lucy Mogollón, a los auditores María Soto y Juan Carlos Lemus. También los partidos políticos Colombia Humana, liderado por el presidente, y Unión Patriótica.

Con siete votos a favor y dos en contra, la sala ha considerado que la campaña sobrepasó los límites en más de 5.300 millones de pesos (1,14 millones de euros) y que, además, recibió donaciones de personas jurídicas, extremo prohibido explícitamente por la ley electoral, según reza un comunicado del organismo.

“Ha comenzado el golpe de Estado”, ha expresado Petro al conocer la decisión del CNE. El mandatario ha pedido a “todas las organizaciones populares del país” que “entren en asamblea permanente”, ya que “la hora de la movilización generalizada del pueblo colombiano ha llegado”.

Asimismo, ha subrayado que “el presidente constitucional de Colombia elegido por el voto popular ordena a la fuerza pública no levantar un solo arma contra el pueblo” y ha pedido al cuerpo diplomático una reunión en pleno “para explicar al mundo el por qué lo que ha hecho el CNE es un golpe contra el fuero integral del presidente y contra el voto popular y la ley”.

En este mismo sentido se ha pronunciado el ministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez, que ha hecho hincapié en que “el fuero presidencial es integral“. “Ninguna autoridad diferente al Congreso puede investigar a un presidente de la República en ejercicio”, ha manifestado a través de un breve comunicado publicado en su perfil de la red social X.

Así, el ministro de Exteriores, Luis Gilberto Murillo, ha explicado que en Colombia existe una inviolabilidad del fuero presidencial que impide que el presidente sea investigado por una entidad administrativa como lo es el CNE, según recoge la Constitución colombiana, en referencia al artículo 199, que indica que el presidente “no podrá ser perseguido ni juzgado por delitos, sino en virtud de acusación de la Cámara de Representantes y cuando el Senado haya declarado que hay lugar a formación de causa”.

Su ‘número dos’, Jorge Rojas, ha asegurado que Colombia espera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronuncie sobre la investigación que el CNE ha iniciado contra Petro “porque se quiere burlar por mecanismos políticos la elección presidencial y el voto popular”. “Con toda responsabilidad pero con toda claridad le decimos al mundo: la democracia en Colombia está en peligro y vamos a defenderla”, ha agregado.